Consulta abierta sobre el proyecto de Ley Orgánica de Transparencia y acceso a la información pública

Por Xavier Rodríguez Franco. En un modesto evento en la Plaza Bríon de Chacaito el pasado 23 de mayo, un grupo de diputados abría el proceso de consulta pública de un proyecto de ley que representa un importante avance en el fortalecimiento institucional de la democracia, en términos del acceso oportuno y eficaz a la información pública por parte de los ciudadanos. Este instrumento legal contribuiría a unificar criterios sobre la transparencia con la que debe operar el Estado venezolano y a complementar otras normativas existentes relacionadas con la rendición de cuentas.

¿De dónde salen los recursos de los ministerios? ¿quién debe ejecutar determinadas políticas públicas? ¿Cómo están siendo invertidos los recursos del erario público? son preguntas que no son propias de periodistas, o políticos en medio de sus discursos, sino parte del interés ciudadano por los asuntos públicos. Son inquietudes legítimas que deben ser cubiertas por leyes que reivindiquen el derecho democrático a saber.

Varias organizaciones civiles acompañamos la iniciativa de Transparencia Venezuela y Pro Acceso de realizar esta consulta popular, de una ley que efectivamente empodera al ciudadano y reivindica el derecho humano a conocer sobre las instituciones públicas y su desempeño. Los diputados asistentes (pertenecientes a la Comisión de Contraloría) explicaron la importancia y los detalles de esta ley que vendría a complementar otros instrumentos legales como la Ley Contra la Corrupción,  la Reforma de la Ley de Contraloría General de la República y la Ley de Contrataciones Públicas.

Descargue y consulte aquí el Proyecto de Ley Orgánica de Transparencia de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

De conseguirse la aprobación de esta ley, bajo su carácter orgánico sería una contribución importante para el libre flujo libre de la información pública con unos protocolos de uniformidad operativa, lo cual se corresponde al comportamiento democrático de las instituciones del Estado. Sin embargo, el verdadero valor de esta ley lo reviste su cabal cumplimiento, puesto que a la fecha existen varias leyes que regulan el tema del acceso a la información y su cumplimiento es deficiente [1].

La transparencia en la información es exigible hoy.

En efecto, además del texto constitucional (artículos 143 y 277) en plena vigencia existe también, todo un capítulo en la Ley Orgánica de la Administración Pública dedicado al tema del acceso a la información por parte de los ciudadanos. De igual manera en la Ley Orgánica de Simplificación de Trámites Administrativos, y el decreto 825 sobre el gobierno electrónico (Mayo 2000) todos instrumentos legales que apuntan a la transparencia en el manejo de la información.

Aún así la aplicación de estas disposiciones legales han sido discrecionales y en ocasiones suspendidas cuando se les ha asignado el tendencioso carácter de “información estratégica”, de “importancia política” o simplemente “secreta” de manera arbitraria; tal como lo tiene previsto la normativa de Clasificación y Tratamiento de la Información en la Administración Pública, Gaceta Oficial 39.578, donde se señala entre otros elementos, que cualquier información pública puede ser declarada como confidencial, sin necesidad esta lo sea por algún mecanismo distinto a la interpretación del funcionario, así como tampoco prevé ninguna opción para que esta sea desclasificada.

Unanimidad vs. prioridad legislativa

Si bien este proyecto de ley orgánica, no está prevista en el Calendario Legislativo 2011, los diputados aseguraron que su incorporación en la agenda parlamentaria ha sido planteada y -según aseguró el diputado Andrés Velázquez- cuenta con el respaldo unánime de los integrantes de la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional. A más de un mes de aquel modesto evento público, aún no se prevé que esta ley figure en el orden del día de las recientes sesiones. La ciudadanía seguirá atenta del derrotero parlamentario de esta ley y de su eventual aplicación, de llegarse a aprobar algún día.

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Publicado por

Xavier

Politólogo (UCV y UAB). Magíster en Estudios Latinoamericanos (USAL). Director de la ONG Entorno Parlamentario (@eparlamentario). Miembro del equipo directivo de @EducaMiranda

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