Persiste la duda sobre la fecha de la 2da. discusión de la ley de infogobierno

Por Xavier Rodríguez Franco. Desde el mes de abril [1] la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación de la AN, ha buscado dinamizar reiterativamente un instrumento que busca modernizar la gestión pública por medio de foros y consultas públicas del Proyecto de ley de Infogobierno, el cual a criterio del diputado Geovanni Peña pudiera someterse a segunda discusión este mes de octubre. Sin embargo, para un déficit importante del propio Calendario Legislativo 2011 (en el cuál la ley no figura) y ante la prioridad planteada por otras comisiones, parece difícil la discusión en plenaria de un instrumento legal inspirado en la Agenda de Gobierno Electrónico del ya lejano 2001. Diez años después el infogobierno puede que sea prioridad legislativa.

La búsqueda por renovar tecnológicamente la prestación de servicios públicos por parte de los entes públicos del Estado venezolano, es el espíritu de este instrumento legal que en otros países de América Latina ya cuenta con una aplicación vigorosa y perfectible con el concurso vibrante de la ciudadanía. En nuestro país se aspira un nueva institucionalidad bajo el respaldo del Consejo Nacional de Tecnología de la Información y de la correspondiente participación de los ciudadanos. Al menos en estos términos lo manifestó el diputado Giovanni Peña, durante su intervención en la reunión de la Comisión el pasado miércoles 5 de octubre:.
“En los proyectos que adelantamos, se están tomando en cuenta las iniciativas de las diferentes instituciones del Estado. En el caso de la Ley de Telemedicina se tiene previsto que en las próximas reuniones se presente ante la comisión el informe para su primera discusión. Y en el caso de la Ley de Infogobierno debemos evaluar si continuamos con el debate del articulado anterior, o si levantamos la sanción a los seis artículos aprobados previamente e iniciamos uno nuevo” [2].

Como vemos, el futuro de la ley sigue siendo incierto a pesar de haber sido aprobado en primera discusión desde agosto del 2005 bajo el nombre de “Proyecto de Ley de Tecnologías de Información” [3] y tenido un periplo de consultas que datan de marzo del 2006 acompañado por el fallecido diputado Luís Tascón. La suerte de esta ley, es una circunstancia que sucede de manera similar con otros instrumentos jurídicos, que con independencia de su pertinencia jurídico-política, siguen retenidos en la dinámica parlamentaria de la actual legislatura.

La ley contempla la posibilidad de que los ciudadanos puedan acceder a la información institucional y gestionar partidas de nacimiento, defunción, solvencias, entre otros trámites que en la práctica cotidiana representan injustificables pérdidas de tiempo, gestores, corruptelas y burocratismo en registros, notarías, alcaldías entre otros entes públicos. Para lo cual serán implementadas normas y lineamientos relacionados con las tecnologías de la información y el desarrollo web orientado a la función pública.

Cabe destacar que en el proyecto legislativo, existen definiciones interesantes como “creadores independientes” en alusión a aquellos desarrolladores o programadores de tecnologías de información que aspiren participar por su cuenta en la implementación y mejoramiento de herramientas informáticas que mejoren la gestión del infogobierno. Con lo cual también se amplían las posibilidades de contraloría ciudadana a la función pública. Abriéndose de forma legal un espacio de producción independiente, que pudiera redundar en una mayor adaptabilidad de las herramientas a los contextos locales donde la administración pública en la actualidad no llega.

Por su parte, existen otros aspectos de la ley que merecen una revisión plural, como lo concerniente a las responsabilidades del resguardo, protección y confidencialidad de los datos por parte de los entes públicos, así como los medios de formación del personal y la ciudadanía para el ejercicio del infogogierno. De igual manera, resulta importante incorporar en la ley la debida coexistencia de los mecanismos tradicionales para aquellas personas que no dispongan del debido acceso a las nuevas herramientas web y demás teconologías de información. Habría que esperar cómo se desarrolla la dinámica parlamentaria de estos últimos meses del año y los imperativos políticos que se impongan en la agenda legislativa, para conocer el destino de un instrumento legal que supondrá además de una inversión pública importante (aunque indeterminada en el informe de la comisión) en el preámbulo de un año electoral como los es el 2012.

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Publicado por

Xavier

Politólogo (UCV y UAB). Magíster en Estudios Latinoamericanos (USAL). Director de la ONG Entorno Parlamentario (@eparlamentario). Miembro del equipo directivo de @EducaMiranda

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