Analizando la ley de costos y precios justos

Por José Miguel Lombardo. Recientemente fue publicada en la Gaceta Oficial No. 39.715, de fecha 18 de julio de 2011, el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Costos y Precios Justos. Tal y como su exposición de motivos lo expresa, esta ley se centra en atacar los abusos flagrantes del poder monopólico presentes en muchos sectores de la economía y de la especulación y acaparamiento de productos necesarios para la población venezolana. ¿Con esta ley es factible tal objetivo?

Es por ello que esta ley pretende establecer los mecanismos y regulaciones, así como implementar los mecanismos de administración y control para lograr la estabilidad de precios y propiciar el acceso a los bienes y servicios a toda la colectividad en igualdad de condiciones, circunstancias estas que ya se encontraban reguladas en la Ley para la defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios. Sin embargo, esta nueva Ley de Costos y Precios Justos, pretende principalmente vigilar que el precio de dichos bienes y servicios sean equitativos y proporcionales respecto a su estructura de costos.

Para determinar si un bien o servicio es ofrecido a un costo y precio justo, se crea el Sistema Nacional Integrado de Costos y Precios manejado por la Superintendencia Nacional de Costos y Precios, quiénes atenderán aquellos criterios técnicos que estimen convenientes para la fijación de dichos precios. Por lo tanto se crea la obligación a aquellas personas que ofrecen bienes y servicios de inscribirse en el registro Nacional de Precios de Bienes y Servicios y facilitar la información pertinente de los productos que ofrecen al usuario, así como su respectivo precio de adquisición y el que va a ofrecerse a la venta. Por lo tanto, la Superintendencia va a contar con una base de datos suficiente que le permita establecer cuál será el Precio Máximo de Venta al Público de los bienes y servicios que podrá conseguir el usuario en los distintos centros de distribución o venta.

A los efectos de hacer cumplir la ley así como los lineamientos establecidos por la Superintendencia, ésta podrá hacer inspecciones a los establecimientos o lugares donde se ofrecen en venta los bienes y servicios, ya sea actuando de oficio o por medio de denuncia de los usuarios, abriendo para ello un expediente administrativo a aquellas personas que incumplan con estas disposiciones. Si las personas encargadas de la venta de los bienes y servicios venden por encima del precio máximo fijado por esta superintendencia, ésta podrá sancionar a esa persona con multa, con inhabilitación temporal del ejercicio del comercio o con el cierre temporal del establecimiento.

Ya en Venezuela la competencia de control sobre la actividad de los comerciantes, productores o distribuidores, se encontraba asignada al burocrático Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios, sin embargo, a la hora de controlar los precios y costos ofrecidos por los distintos comerciantes, este Instituto trabajará mediante la figura de apoyo interinstitucional con la Superintendencia Nacional de Costos y Precios, otro organismo que prácticamente llevará a cabo la misma labor del ya conocido Indepabis.

Sin embargo, el problema va muchos más allá, ya que el problema no es solamente si el comerciante vende o no sus productos con un precio irracional. El problema radica en el primer eslabón de la cadena comercial, desde el mismo momento en que se fabrica o se obtiene el producto. Por ello, el Estado debe favorecer los medios para que el productor, comerciante o distribuidor obtenga a un precio razonable los bienes y servicios a ofrecer para que así pueda entonces controlar el precio definitivo que llegará a pagar el consumidor o usuario final.

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Publicado por

Xavier

Politólogo (UCV y UAB). Magíster en Estudios Latinoamericanos (USAL). Director de la ONG Entorno Parlamentario (@eparlamentario). Miembro del equipo directivo de @EducaMiranda

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