Se desconoce si el Estado cuenta con recursos para aplicar las leyes

La mayoría de las leyes aprobadas desde enero careció del informe de Impacto Económico y Evaluación Presupuestaria.

Maru Morales. El Nacional. Aunque la Constitución y el Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional son precisos en cuanto al proceso de formación y aprobación de leyes, el Parlamento se saltó normas que garantizan la transparencia en la discusión de los instrumentos jurídicos y su aplicabilidad.

La mayoría de las leyes aprobadas desde enero careció del informe de Impacto Económico y Evaluación Presupuestaria que ordena el artículo 103 del Ridan, documento que permite prever si el Estado o el sector productivo que regulará la norma tendrán capacidad de asumir el costo monetario de su ejecución. Otra de las anomalías registradas durante el año legislativo que culmina el jueves tuvo que ver con el cambio arbitrario de forma, fondo y/o carácter de algunas leyes.

Carecieron del IEEP la Ley contra el Olvido, que establece la devolución de propiedades a familiares de los desaparecidos y su incorporación a los programas sociales; la reforma de la Ley de Ejercicio de la Medicina, que establece la incorporación de los médicos integrales comunitarios al sistema de salud pública; la Ley del Deporte, que creó un fondo de contribuciones del sector privado; la Ley de Arrendamientos, introducida por iniciativa popular; la Ley contra la Estafa Inmobiliaria; y la de Compras Programadas.

La diputada Vestalia Sampedro, de Proyecto Venezuela, integrante de la Comisión de Finanzas, subrayó la importancia del informe: “Cualquier empresa pública o privada necesita considerar en sus planes de producción e inversión anuales cuáles gravámenes, impuestos, erogaciones y bonificaciones tienen que hacer de acuerdo con la legislación vigente. Eso tiene una incidencia en el aparato productivo; y en el caso del sector público es determinante conocer en qué medida el Estado puede aplicar las leyes que se aprueban”.

Tres botones.

La Ley Orgánica del Servicio Exterior es un ejemplo sobre cómo se legisló este año. El proyecto se comenzó en 2009 y, a pesar de implicar modificaciones operativas y de personal en la Cancillería, no contó con su IEEP.

El carácter orgánico se aprobó con los votos del PSUV luego de una maniobra denunciada por la oposición en plena sesión. El artículo 203 de la Constitución señala que todo proyecto de carácter orgánico será admitido como tal por las dos terceras partes de los diputados presentes, antes de que se inicie su discusión. Omar Barboza, de UNT, reclamó que la ley había sido aprobada en primera discusión en 2010 sin esa denominación. Cuando entró en el segundo debate, en junio, el PSUV incluyó el carácter de orgánica y lo aprobó por mayoría simple de los presentes.

La aprobación de la Ley de Condecoraciones del Distrito Capital, el 30 de agosto, también habría sido objeto de vicios, denunció el diputado Juan Carlos Caldera, de Primero Justicia. La norma no fue llevada a consulta pública luego de la primera discusión, como lo ordenan el Ridan y la Constitución.

El proyecto de ley de comunicación del poder popular es otro ejemplo. El Ridan indica que toda propuesta debe ser entregada a la Secretaría de la AN, acompañada de la exposición de motivos, la identificación de los proponentes, sus objetivos y el estudio de impacto económico.

El instrumento fue consignado por iniciativa popular el 4 de agosto sin el IEEP. Pese a ello, la directiva lo recibió, pero a diferencia del procedimiento usado con la propuesta de ley de arrendamiento, no remitió el texto a la comisión respectiva para que lo revisara y preparara un informe. Por el contrario, mantuvo el texto en su poder hasta el 10 de noviembre, cuando lo presentó para la primera discusión en la plenaria con la incorporación de un estudio de impacto económico y cambios de forma y fondo. La oposición se quejó pero el PSUV lo aprobó.

No van.

La oposición lideró las inasistencias a las sesiones plenarias entre enero y octubre (la data de noviembre no ha sido publicada). De los 15 parlamentarios con más faltas, 13 son de oposición y 2 del PSUV.

Jacinto Romero, de Copei-Anzoátegui, encabezó la lista.

De las 51 sesiones plenarias faltó a 45 y dejó en manos de su suplente, Juan De Sousa, el trabajo para el cual fue elegido nominalmente el 26 de septiembre de 2010, con 55.335 votos; ahora aspira a la Alcaldía de Anaco. “Llegamos a un acuerdo político en la MUD para que se incorporara mi suplente y yo pudiera trabajar por las primarias este año”, dijo Romero en su defensa.

El segundo puesto lo ocupa Luis Reyes Reyes, del PSUVLara, que no fue a 42 plenarias.

Aunque la mayoría de las veces convocó a su suplente, Pedro Carreño, llama la atención que justificó 70% de sus faltas por enfermedad. A pesar de su aparente mala salud, fue designado en octubre presidente de la Fundación para el Desarrollo de la Región Centrooccidental. Se le intentó contactar para que explicara su situación pero no respondió.

El tercer parlamentario con más inasistencias es Enrique Mendoza, de Copei-Miranda, quien obtuvo la curul con 234.272 votos, luego de una disputa con la MUD que casi lo lleva a postularse por su cuenta. Mendoza no fue a 38 de las 51 sesiones y su suplente, Ángel Medina, lo cubrió algunas veces. “Mis inasistencias son premeditadas, una forma de rebeldía. Al poco tiempo de llegar a la AN entendí que con el Reglamento vigente y la actitud de los diputados oficialistas no se puede legislar. Yo opté por el parlamentarismo de calle. Soy más útil en la calle con la gente que sentado allá calentando una silla”, dijo al ser consultado.

Gabino Paz, de Copei-Táchira, y Morel Rodríguez, de Copei-Nueva Esparta, ocupan el cuarto y quinto lugar de inasistencias, con 33 y 29 faltas, respectivamente.

Edgar Zambrano, coordinador del bloque opositor en algunas plenarias, admitió que la situación mina la imagen de la bancada.

“Estamos tomando correctivos; solicitamos a los principales que presenten su agenda con anticipación para saber si contaremos con ellos o convocaremos al suplente. La forma intempestiva como se convocan las plenarias nos impide avisar a los suplentes con tiempo”.

Tiempo en contra.

De las 28 leyes que la Asamblea se puso como meta sancionar este año, 8 fueron aprobadas: Política Exterior, contra el Olvido, Ahorro Energético, Deporte, contra la Discriminación, Arrendamientos, contra la Estafa Inmobiliaria y Compras Programadas.

Otras 6 están listas para ir a segunda discusión, 13 no han superado el primer debate, la nueva Ley del Trabajo fue entregada al Ejecutivo y la Ley de Desarme y el Código Orgánico Penitenciario están en consulta pública.

Aristóbulo Istúriz, del PSUV, no descartó convocar sesiones extraordinarias. “La prioridad es agotar la agenda pautada”, dijo.

La AN también aprobó 3 normas fuera de la agenda: la Ley de Endeudamiento Complementario, enviada por el Ejecutivo; la reforma de la Ley de Ejercicio de la Medicina; y la Ley de Condecoraciones del Distrito Capital. En paralelo, el Presidente ha dictado 18 decretos-ley gracias a la Habilitante vigente hasta junio de 2012.

Enlace original aquí.

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Publicado por

Xavier

Politólogo (UCV y UAB). Magíster en Estudios Latinoamericanos (USAL). Director de la ONG Entorno Parlamentario (@eparlamentario). Miembro del equipo directivo de @EducaMiranda

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