La primera ley del 2012. ¿El regreso de la "Ley Sapo"?

A pocas horas de finalizar el primer mes del nuevo año legislativo, se aprueba la Ley contra la Delincuencia Organizada. Un instrumento legal que -a criterio de algunos especialistas- revitaliza la posibilidad jurídica de criminalizar a la disidencia política. El que la primera ley en la gestión del presidente Cabello traiga consigo este carácter tan amenazante al estado de derecho, pudiera interpretarse también como reflejo del estilo pretoriano que controlará la gestión legislativa por venir para este 2012.

Ante la importancia que reviste la amplificación del debate público sobre este instrumento legal, publicamos a continuación un muy oportuno y documentado trabajo hecho por Dayimar Ayala Altuve para el diario Tal Cual. titulado “regreso de la ley sapo”:

La Asamblea Nacional se salió con la suya y se estrenó en el 2012 con la aprobación de la Ley contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo. Puntualizaciones como la definición de acto terrorista, la creación de una Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento del Terrorismo, la ampliación de quienes tienen que rendir cuentas a causa de la ley, así como la posibilidad de que se criminalice a la disidencia, ponen a este instrumento legislativo en la mira de la crítica.

El abogado penalista Gonzalo Himiob destacó que, a su juicio, el instrumento, más allá de una “Ley Sapo”, es una norma bastante compleja, pues trata de mezclar modalidades de delitos diferentes, como lo son el terrorismo y la delincuencia organizada –poniendo más énfasis en el segundo–, que a escala mundial se tratan de manera separada.

A juicio del penalista, la redacción del texto definitivo que se colgó en la página web de la AN tiene serias imprecisiones en su redacción, por cuanto aplica “decisionismos”, que no son más que tecnicismos que abren las puertas a la arbitrariedad. Sería el caso de términos como “sospechas” y “asociación”, entre otros, que se establecen en el instrumento jurídico y que se podrían prestar a la ambigüedad y libre interpretación.

El texto en su apartado 13 establece que los sujetos obligados (cualquier ciudadano), tenga que rendir cuentas, casi obligatoriamente, sobre la actuación de movimientos financieros de los que sospeche ante la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera, violando así el secreto profesional en el caso de los abogados, contadores y otros. De no hacerlo se someterían a multas de hasta 1.000 UT.

El artículo 52 penaliza a “terrorista individual o quienes asociados mediante una organización terrorista” realicen actos de esa índole. Al respecto, Himiob aclara que “no se puede castigar a alguien por la asociación. Va en contra de la Constitución, que resguarda los principios de la legalidad en los que si un acto delictivo no se ejecuta, no se puede aplicar un castigo. Se trata de abarcar mucho y no se abarca nada”, destacó Himiob.

PERSEGUIR A LAS ONG
Rocío San Miguel, directora de la ONG Control Ciudadano, sí alertó sobre la posibilidad de que la “Ley Sapo” se reedite con este nuevo instrumento.

“Me llama la atención que dentro de los sujetos obligados (art. 9) se incluye a las ONG y los partidos políticos; esto desnaturaliza los avances que pueda tener la ley y abre un compás de criminalización al disenso y la crítica en Venezuela. Creo, además, que el articulo 13 contraviene el debido proceso que fija la Constitución, cuando establece que los funcionarios y empleados tienen que pasar un reporte de actividades sospechosas, y si no lo hace se someten a sanciones”.

San Miguel dijo que desde Control Ciudadano apelan al veto presidencial, tal como ocurrió en 2008 con la “Ley Sapo”. “Si no ocurre, el Presidente estará demostrando su talante antidemocrático”.

La directora de la ONG consideró que la norma se convierte en un peligro porque el espectro de sujetos de obligados se puede ampliar con la discrecionalidad del primer mandatario mediante decretos.

CONFUSIONES

Con San Miguel coincide el diputado opositor Eduardo Gómez Sigala (Ind-Lara), quien alertó antes de la sanción de la ley sobre la aplicación de un terrorismo de Estado.

“Confunde los términos delincuencia organizada y terrorismo, utilizando los convenios internacionales pero con interpretaciones a medias. Es un instrumento cuyo fin último es acabar con la disidencia e intimidar a la población. Es un instrumento para perseguir al ciudadano, y digo esto porque es una ley con una descripción muy amplia que no precisa y que de alguna manera trata de abarcar todos los delitos contemplados en el Código Penal y las leyes especiales”.

Asimismo, Sigala precisó que la aprobación de ese instrumento jurídico viola los principios de la progresividad y aumenta considerablemente las penas con respecto al texto anterior. “En materia de sanciones, por ejemplo, el delito de traficar con pornografía es igual al de magnicidio”.

PARA TOMARLO EN CUENTA.

Acto terrorista: Es aquel acto intencionado que, por su naturaleza o su contexto, pueda perjudicar gravemente a un país o a una organización internacional tipificado como delito según el ordenamiento venezolano.

Persona políticamente expuesta: Es una persona natural que es, o fue, figura política de alto nivel, de confianza o afines, o sus familiares más cercanos o su círculo de colaboradores inmediatos, por ocupar cargos como funcionario importante de un órgano ejecutivo, legislativo, judicial o militar de un gobierno extranjero, elegido o no. (En el proyecto se hablaba también del Gobierno Nacional, quedó excluido).

Sujetos obligados: Todo organismo, institución, o persona natural o jurídica, sometida bajo el control y directrices de un órgano o ente de control, de conformidad con esta ley.

Enlace original aquí.

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Publicado por

Xavier

Politólogo (UCV y UAB). Magíster en Estudios Latinoamericanos (USAL). Director de la ONG Entorno Parlamentario (@eparlamentario). Miembro del equipo directivo de @EducaMiranda

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