AN critica falta de apoyo por parte de los ministros

EL UNIVERSAL. 23/02/2012. En Venezuela sí existe la división de poderes. Al menos, para ciertas cosas.

Aunque la Constitución establece la corresponsabilidad de las instituciones, ayer en la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional diputados del chavismo y la oposición coincidieron en criticar la escasa colaboración que reciben por parte de los miembros del gabinete Ejecutivo. Nancy Ascencio (PSUV-Bolívar) lamentó que los ministros no atiendan con celeridad las solicitudes y preguntas de los parlamentarios. Según Ascencio, esta situación afecta el desempeño del Poder Legislativo venezolano. En su turno, Carlos Ramos (UNT-Mérida) respaldó lo expuesto por su colega roja. “Falta el apoyo de los ministros”, insistió.

Ascencio y Ramos forman parte de la subcomisión que investiga el caso de las miles de toneladas de leche quemada en Machiques, estado Zulia. Hasta la fecha, los legisladores aguardan que el vicepresidente del Área Económico Productiva y titular de Industria, Ricardo Menéndez, les ofrezca su versión sobre el hecho ocurrido en marzo de 2011.

Doble filo 

Si a uno se le pasa, el otro la repasa. El presidente de la Comisión de Contraloría, Pedro Carreño (PSUV-Lara), explicó el procedimiento que seguirán contra los funcionarios chavistas acusados de corrupción.

Una vez la instancia parlamentaria determine la responsabilidad política del señalado, Carreño entregará el informe al primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, con el objetivo de que expulse al camarada de la organización.

Dos alcaldes pesuvistas están en la mira: Abel Villalba, responsable de Guanarito, estado Portuguesa, y Onofre Jiménez, de Jacura, estado Falcón. La Comisión de Contraloría ya tiene listos sendos expedientes contra estos jefes municipales por presunta malversación de fondos. A la espera de que la plenaria de la AN imponga la sanción, el PSUV ya retiró de sus filas a Villalba. Por su parte, Jiménez dice estar siendo “perseguido” por el vicepresidente de la Comisión de Contraloría, Jesús Montilla (PSUV-Falcón).

Apretar el paso 

Los diputados tienen pendientes 730 denuncias de corrupción y están resueltos a cerrar el 60% del total antes del próximo 15 de agosto.

Carreño se fijó como meta elevar a la plenaria de la AN un informe de corrupción al mes:

“Mínimo una vez al mes en el orden del día de la plenaria, tiene que haber un informe para imponer responsabilidad política a funcionarios”, trazó el representante.

El asambleísta jaló las orejas a sus colegas y reclamó más compromiso. “En enero se reunieron una sola vez las subcomisiones, requerimos que todas las semanas se reúna la plenaria”, se quejó. El pleno de la Comisión de Contraloría solo ha sesionado en tres oportunidades este año.

Las ausencias también preocupan a Carreño. Ayer tenían quórum de funcionamiento, pero no el número de parlamentarios necesario para decidir sobre los casos de corrupción. Por tal motivo, acordaron enviar “otro” exhorto a sus pares para que se incorporen.

Enlace original aquí.

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Publicado por

Xavier

Politólogo (UCV y UAB). Magíster en Estudios Latinoamericanos (USAL). Director de la ONG Entorno Parlamentario (@eparlamentario). Miembro del equipo directivo de @EducaMiranda

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