Ley para el control de armas lleva siete años de retraso

EL TIEMPO. 01/04/2012. Ayer 31 se venció el plazo otra vez. La última promesa de los diputados aseguraba que la Ley para el Desarme y el Control de Armas y Municiones iba a estar lista antes de que terminara marzo. Pero como el tiempo comenzó a agotarse, hace 12 días los legisladores resolvieron diferir la discusión de la norma. Ahora dicen que para junio. Aunque en la Asamblea Nacional siempre le han colocado la etiqueta de “prioridad” a la ley, la historia tiene cerca de siete años repitiéndose.

El último proyecto está dirigido por Freddy Bernal, diputado del Psuv y presidente de la comisión mixta del Parlamento que trabaja la ley. El grupo está integrado por legisladores de las comisiones de Política Interior y de Seguridad y Defensa. Seis chavistas y cinco opositores.

La iniciativa es entendida como una de las herramientas más importantes para materializar la política de desarme, que en los últimos años fue propuesta con insistencia desde las filas opositoras y que el gobierno nacional terminó de asumir en 2011.

Esta comisión arrancó en abril de 2011, con la intención de retomar el trabajo pendiente que quedó de los últimos dos periodos legislativos (2000-2005, 2006-2010).

La deuda
Fue en 2005 que se aprobó en primera discusión la Ley de Armas y Explosivos. La norma derogaría la ley vigente sobre la materia creada en 1939. Pero la principal justificación apuntaba ya a la necesidad de frenar la tasa de homicidios en el país. Para entonces, era de 37 muertos por cada 100 mil habitantes, según el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), la mayoría por culpa de las armas de fuego. Pero nada pasó. La AN concluyó su periodo ese año sin que se aprobara.

Llegó el nuevo Parlamento en 2006, el “rojo rojito”. A pesar de que la mayoría absoluta del chavismo le permitía aprobar leyes sin mayores contratiempos, no fue sino en agosto de 2009 que el proyecto fue retomado. Cuatro años después, cuando los muertos se contaban en 57 por cada 100 mil venezolanos. Se propuso que la norma se fusionara con la Ley de Desarme, aprobada en 2002 pero que sólo tiene 16 artículos y mínimas precisiones. Tampoco prosperó la iniciativa ese año.

Comenzó el 2010. Se dejó de hablar de Ley de Armas y Explosivos y entró en consideración una Ley de Desarme y Control de Municiones. El nuevo proyecto fue aprobado en primera discusión el 28 de enero de 2010. Eran 62 artículos, cuya aprobación definitiva quedó fijada para septiembre. Pero sucedió de nuevo: llegó septiembre y la discusión fue cancelada.

En diciembre de 2010, la AN terminó otro periodo con un “paquetazo” de al menos 15 leyes, aprobadas de forma apresurada ante el inminente regreso de la oposición al Legislativo luego de las elecciones parlamentarias del 26 de septiembre. Pero la Ley Desarme no entró en el grupo. La violencia para la fecha ya cobraba la vida de 57 personas por cada 100 mil.

Fermín Mármol García abogado criminalista, traduce esta tardanza en una sola frase: “El desarme no ha sido una prioridad para el Parlamento”. Cree injustificable que los diputados hayan dejado pasar siete años. “Dan prioridad a otras leyes, mientras suman más muertos”.

Mármol es de los que cree que el tiempo no perdona:

“No se puede esperar. Cada día que pasa nos cuesta cientos de vidas. Su hubiera voluntad, la ley estuviera aprobada hace mucho. La legislación es necesaria y urgente”.

Cuando se creó la comisión mixta en abril del año pasado, se dijo que la ley podría estar lista en tres meses. Se decidió construir un nuevo proyecto y no retomar el aprobado en 2010. Terminó 2011 sin la ley. Terminó marzo y no hay ley. Ahora piden una espera de tres meses más. Al cierre de 2011, el OVV registró 19 mil 336 asesinados en Venezuela.

“Quieren usarla para la campaña”
Freddy Bernal, presidente de la comisión mixta de la Asamblea Nacional que trabaja la ley, ha incumplido los últimos tres plazos fijados para el término de la norma: septiembre de 2011, diciembre de 2011 y marzo de 2012.

“No queremos apresurar una ley en función de satisfacer intereses particulares, pues el país necesita una ley con contenido técnico y a su vez con viabilidad real en su aplicación”, declaró en septiembre del año pasado.

La necesidad de ampliar la consulta pública de la ley en las comunidades es el principal argumento del diputado del Psuv. Usó la misma razón para postergar hasta junio próximo la discusión en plenaria de la ley. Juan Carlos Caldera, diputado por Primero Justicia y miembro de la comisión, asegura que no hay nada que esperar:

“La ley ya tiene todos los elementos necesarios para ir al debate en la plenaria de la AN”. Celebra todas las consultas que se han efectuado: “Es una ley muy importante, pero ya se ha realizado una amplia consulta. Ya no hay excusas”.

Antes del 20 de marzo, la comisión no se había reunido desde diciembre del año pasado. La explicación que tiene Caldera para la tardanza:

“Ojalá me equivoque, pero todo apunta a que quieren esperar la campaña presidencial y usarla como una herramienta política”.

Incentivo
En diciembre pasado, la mesa técnica de la comisión presentó un informe final con 53 artículos. Bernal informó el pasado 20 de marzo que la ley tendría al final alrededor de 70 apartados.

La Ley para el Desarme vigente, aprobada en 2002, establece en su artículo 8 que el Estado entregará incentivos económicos para la entrega voluntaria de armas. El informe de la nueva ley que maneja la comisión mixta no estipula esta posibilidad, aunque Caldera asegura que sí será incluida. Recuerda que el proyecto necesita ser aprobado artículo por artículo en la comisión y luego pasar por dos discusiones en la plenaria de la Asamblea Nacional. Hay que esperar.

Cinco claves del proyecto

  • La licencia del porte de armas se otorgará a mayores de 25 años y quedará limitada a un arma. Tendrá vigencia de dos años.
  • Los consejos comunales podrán solicitar la suspensión del porte y tenencia de armas a personas con conductas que “amenacen la paz”.
  • Entre 12 y 16 años de prisión pagará la persona que ilícitamente comercialice, importe, exporte o transporte armas, sus partes, repuestos y municiones.
  • De tres a cinco años en prisión pagará una persona que porte arma o municiones en manifestaciones, elecciones u otros eventos públicos.
  • De cinco mil a 10 mil unidades tributarias pagarán los medios que omitan en su programación programas a favor del desarme, la paz, la convivencia y el rescate de valores.

Enlace original aquí.

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Publicado por

Xavier

Politólogo (UCV y UAB). Magíster en Estudios Latinoamericanos (USAL). Director de la ONG Entorno Parlamentario (@eparlamentario). Miembro del equipo directivo de @EducaMiranda

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