Reforma laboral, socialismo y clima electoral. (I parte)

Por Alejandro Agudelo (@aagudelord) y Xavier Rodríguez Franco (@xfranco22)

Publicado en Parlamentoscopio (abril)

Dentro de los marcos normativos más importantes en las sociedades modernas, destaca las leyes que regulan la sociología del empleo. En buena medida las reglas que organizan el trabajo, sirven como mecanismos de cohesión social así como también garantizan el desarrollo sostenible del esquema productivo de cada país. En este sentido, para muchos expertos en asuntos laborales, las leyes y reglamentos referidos al trabajo y a sus garantías civiles, constituye el segundo contrato social más importante de toda República después de la Constitución política.

En atención a la relevancia que tiene esta materia, para el clima económico y político que vive nuestro país, abordaremos sistemáticamente aquellas implicaciones sociales, económicas, jurídicas y políticas que tendrá la anunciada reforma de la Ley Orgánica del Trabajo (L.O.T.). Una reforma de la que sólo se conoce de manera oficial, la promesa de promulgación para el venidero martes 01 de mayo.

Dicha reforma vendría a ser aprobada por medio de un Decreto Presidencial, en el ejercicio la Ley Habilitante (en rigor desde diciembre del 2010 y hasta junio del 2012). Siendo este inusual proceso legislativo, una deliberada evasión al debate parlamentario plural que este marco normativo por su naturaleza requiere y demanda.

En un marco sin precedentes de intransparencia y sectarismo, esta reforma del marco normativo laboral se inscribe en un contexto electoral atípico, en el cual las circunstancias inciertas sobre la salud presidencial y el creciente capital político que viene construyendo la oposición, hacen suponer que será la mayor apuesta legislativa de la campaña electoral presidencial. Reforma que será asumida por el Presidente Chávez como un acto de ratificación de compromiso ideológico con el modelo económico socialista, así como también un ambicioso intento de reconquista de las simpatías de los sectores laborales del país, especialmente con aquellos provenientes del sector público; un sector cada vez más numeroso y con creciente capacidad conflictiva en los últimos años[1].

A diferencia del proceso legislativo plural e integral de la normativa vigente, que data del año 1997, la Reforma de la LOT prevista para este año será el producto de deliberaciones restringidas a una Comisión Presidencial creada por decreto[2] y que se encargará de construir el texto legal que regulará el empleo en nuestro país por los próximos años. A día de hoy se conocen más divergencias en el seno de esta comisión, que documentos oficiales[3]. Dentro de estas notorias controversias destaca la incertidumbre sobre la fecha de entrada en vigencia, así como también si la reforma será de carácter parcial, dado el escaso tiempo que hay para su promulgación. Por lo pronto, de forma extra-oficial han trascendido ya algunas de las medidas que podrían ser incorporadas en la Reforma de la Ley del “Proceso Social[4]” del Trabajo, sobre las cuáles ya hemos organizado un estudio preliminar[5].

Retraso legislativo.

La reforma laboral en Venezuela cuenta para la fecha con un retardo legislativo de más de una década según con lo establecido en la Constitución Nacional promulgada en el año de 1999. De acuerdo con la Norma Constitucional (DISPOSICIONES TRANSITORIAS. Cuarta. Numeral 3)

“Dentro del primer año, contado a partir de su instalación, la Asamblea Nacional aprobará: (…) 3. Mediante la reforma de la Ley Orgánica del Trabajo, un nuevo régimen para el derecho a prestaciones sociales reconocido en el artículo 92  de esta Constitución, el cual integrará el pago de este derecho de forma proporcional al tiempo de servicio y calculado de conformidad con el último salario devengado, estableciendo un lapso para su prescripción de diez años. Durante este lapso, mientras no entre en vigencia la reforma de la ley seguirá aplicándose de forma transitoria el régimen de la prestación de antigüedad establecido en la Ley Orgánica del Trabajo vigente. Asimismo, contemplará un conjunto de normas integrales que regulen la jornada laboral y propendan a su disminución progresiva, en los términos previstos en los acuerdos y convenios de la Organización Internacional del Trabajo suscritos por la República”[6]

Sin embargo el actual proceso de discusión de la reforma de la legislación laboral, para algunos resulta inconstitucional por tratarse de una Ley Orgánica que no puede ser reformada vía “ley habilitante” por el Presidente Chávez, por ser una competencia exclusiva de la Asamblea Nacional y porque además escapa del alcance temático previsto originalmente para la Ley Habilitante vigente hasta junio de este año.

¿Es constitucional reformar Leyes Orgánicas vía ley habilitante?

Varios han sido los recursos interpuesto ante el Tribunal Supremo de Justicia buscando un pronunciamiento de la nulidad del acto, mientras que otros actores prefieren buscar el pronunciamiento de organismos internacionales por no contemplar en la discusión a los interlocutores reconocidos internacionalmente. Sin embargo, a pesar de estas acciones, hasta la fecha permanece inalterado el cronograma previsto por la Comisión Presidencial designada para la redacción de la Ley, la cual ha anunciado la  publicación del proyecto para el 14 o 15 de abril para  su aprobación por el Presidente el primero de mayo de 2012.

Sobre la constitucionalidad de la promulgación de la Ley Orgánica del Trabajo, los actores que han decidido interponer recursos ante el Tribunal Supremo de Justicia,  esgrimen el Articulo 203 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que establece:

“Son leyes orgánicas las que así denomina esta Constitución; las que se dicten para organizar los poderes públicos o para desarrollar los derechos constitucionales y las que sirvan de marco normativo a otras leyes.

Todo proyecto de ley orgánica, salvo aquel que esta Constitución califique como tal, será previamente admitido por la Asamblea Nacional, por el voto de las dos terceras partes de los o las integrantes presentes antes de iniciarse la discusión del respectivo proyecto de ley. Esta votación calificada se aplicará también para la modificación de las leyes orgánicas.

Las leyes que la Asamblea Nacional haya calificado de orgánicas serán remitidas, antes de su promulgación a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, para que se pronuncie acerca de la constitucionalidad de su carácter orgánico. La Sala Constitucional decidirá en el término de diez días contados a partir de la fecha de recibo de la comunicación. Si la Sala Constitucional declara que no es orgánica la ley perderá este carácter.

Son leyes habilitantes las sancionadas por la Asamblea Nacional por las tres quintas partes de sus integrantes, a fin de establecer las directrices, propósitos y marco de las materias que se delegan al Presidente o Presidenta de la República, con rango y valor de ley. Las leyes habilitantes deben fijar el plazo de su ejercicio[7].”

A pesar de que la Constitución prevé estas consultas exclusivamente para las Leyes Orgánicas aprobadas por la Asamblea Nacional,  las actuaciones del Tribunal Supremo de Justicia sobre las consultas del carácter orgánico de las Leyes decretadas por el Ejecutivo en el marco de la Ley Habilitante, han sentado un precedente lesivo al estado de derecho sobre la legalidad de la actuación el Ejecutivo en este sentido.

En enero de 2011 el Tribunal Supremo de Justicia, a través de la Sala Constitucional, manifiesta su posición sobre la posibilidad de la aprobación de Leyes Orgánicas por el Ejecutivo en el marco de la Ley Habilitante, mediante un comunicado de prensa:

“…es constitucional porque se adecúa a las características de las leyes orgánicas, en cuanto a su forma y contenido”.[8]

Antes de esa fecha el Tribunal había fallado a favor de considerar el carácter orgánico de varios decretos leyes del Ejecutivo a través de la Ley habilitante del año 2008. Mediante una entrevista a  la Procuradora General de la Republica, Gladys Gutiérrez Alvarado (04/08/2008) esta indicó que “todas las leyes orgánicas que el Presidente de la República promulgó dentro de las 26 leyes habilitantes, fueron consultadas en la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)”.

En consecuencia, el Poder Ejecutivo y la Procuraduría, convalidados por las acciones del Tribunal Supremo de Justicia, aseguran que pueden basarse en el artículo 203 de la Constitución para consultar el carácter orgánico de las Leyes, tal como lo podría hacer la Asamblea Nacional ante el TSJ y de esta manera establecer el carácter Orgánico de las Leyes, así hayan sido aprobadas mediante la Ley Habilitante.

En este sentido, prevalece el criterio presidencial en el que selectivamente escoge quiénes serán los representantes de la ciudadanía, para iniciar un proceso legislativo al margen de la exposición de motivos que justificaron la Ley Habilitante de diciembre de 2010, así como también se falsea el rango interpretativo constitucional sobre las competencias legislativas en materia de leyes orgánicas, para justificar la evasión del debate parlamentario.

En consecuencia, los miembros de la comisión presidencial, el partido de gobierno, sus diputados, las centrales sindicales alineadas al Presidente Chávez, los grupos de opinión y el aparato comunicacional del Estado cierran filas para respaldar el resultado de una reforma que evidentemente fue discutido en un escenario atípico y dejando un precario balance de pluralidad ante la opinión pública. En nuestra próxima entrega, incursionaremos en los puntos críticos que trae la reforma laboral 2012, así como también explicaremos el abordaje estratégico de “triple acción” que el gobierno quiere imprimirle a la sociología del empleo en Venezuela.


Notas

[1] Según estimaciones de Provea un tercio de la conflictividad social vivida en el país durante el 2011, estuvieron relacionadas a asuntos laborales. Destacándose el sicariato sindical, como una de las primeras problemáticas que vive la Venezuela contemporánea. Cfr. http://goo.gl/MSCxO
[2] Decreto Presidencial número 8.661 (06/12/2011). Disponible en el enlace: http://goo.gl/kkAWn
[3] Recientemente se conoció la exigencia de Unete y un conjunto de otras organizaciones sindicales para que sea publicado un primer borrador de esta Reforma para este jueves 22 de marzo, sin embargo poco después la Comisión encargada de la redacción del texto anunció su aplazamiento de divulgación para un día aún indeterminado de abril. Lo único cierto que se ha anunciado es que el 14 de abril la Comisión Presidencial deberá entregar un primer borrador al Presidente Chávez. Ante esta circunstancia, y como estrategia para amainar la conflictividad social dentro del sindicalismo alineado al gobierno, para este 22 de marzo se convocó una “movilización de respaldo” coordinada por el Partido Comunista de Venezuela, para entregar un simbólico legajo de peticiones y propuestas sobre la materia laboral a la Asamblea Nacional. Cfr. http://goo.gl/nVTfv
[4] Nueva denominación que tendrá la nueva ley, en clara alusión al rótulo socialista que aspira reivindicar el gobierno en su manejo de campaña.
 [5] Estudio preliminar que hemos presentado el pasado 16 de febrero en el Foro de Ecoanalítica. Conozca en el enlace la presentación que realizamos para esa fecha: http://goo.gl/byh8L
[6] Cfr. Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999: http://goo.gl/hXRxu
[7] Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999 (cursivas propias):  http://goo.gl/hXRxu
[8] Véase en el enlace el comunicado de prensa del 31 de enero del 2011, emitido por el departamento de prensa del propio Tribunal Supremo de Justicia: http://goo.gl/PNHGZ
 Enlace original aquí.
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Publicado por

Xavier

Politólogo (UCV y UAB). Magíster en Estudios Latinoamericanos (USAL). Director de la ONG Entorno Parlamentario (@eparlamentario). Miembro del equipo directivo de @EducaMiranda

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