Ley de acceso a la información es una eterna deuda legislativa

Por César Noriega. Corre del Caroní.

Venezuela es el país más corrupto de Latinoamérica y el decimosegundo de todo el mundo. En la AN reposa, impregnado de polvo, un proyecto de ley de acceso a la información pública, algo que sí existe en países como Ecuador y Nicaragua, ideológicamente afines con el actual Gobierno.

Alrededor de seis organizaciones no gubernamentales esperan que la Asamblea Nacional retome la discusión de un instrumento legal que reglamenta el acceso a la información pública. El proyecto, introducido hace más de un año, no ha avanzado más allá de la Comisión de Contraloría del parlamento.

Este martes, la coordinadora nacional de la Coalición Pro-Acceso (un movimiento integrado por seis ONG venezolanas), Daniela Martucci, presentó los detalles del Proyecto de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

La propuesta legal busca instrumentalizar los artículos 28, 58, 143 de la Constitución nacional (que desarrollan el derecho a la información de los ciudadanos y el deber de la administración pública a informar sobre sus actos). Sin embargo, sólo la bancada de la oposición ha tomado la iniciativa para discutir el proyecto, que fue incluido en la agenda de trabajo de la AN para este año.

Esta inquietud de dar viabilidad al acceso a la información pública se concretó en 2008, cuando se introdujo por primera vez un proyecto de ley al respecto en el anterior período legislativo. En 2010, volvió a llevarse a la consideración de los parlamentarios. Esta vez, la propuesta original fue reformada con la inspiración de la Ley Modelo de Acceso a la Información Pública, aprobada por la Organización de Estados Americanos en 2010.

Martucci resaltó que esta legislación internacional concreta los cambios que deben hacerse para que los Estados latinoamericanos implementen un sistema de información pública.

“El cambio debe venir en todos los sentidos. Del funcionario público que actualmente resguarda la información a un funcionario que debe trabajar por una transparencia activa. ¿Qué significa esto? que aún cuando el ciudadano no solicite la información, la información está ahí, disponible”, dijo Martucci.

¿Qué es información pública?

Normar el acceso a la información pública pasa por determinar qué es de interés público, reservado o privado. Martucci explicó que la información pública son todos los registros levantados por el Estado sobre su actividad. La información reservada se vincula a datos sobre un funcionario público pero que no influyen sobre su actuación pública.

Ejemplificó con la enfermedad del presidente Hugo Chávez, de la cual se tienen noticias escuetas ya que se ha afirmado que hasta ahora no interrumpen el ejercicio de su cargo.

Los datos privados engloban información que debe protegerse para no divulgar aspectos de la privacidad de los ciudadanos, sean éstos particulares o servidores públicos

Gestionar la transparencia.

El instrumento plantea crear el Consejo de Transparencia, constituido por funcionarios con rango de magistrados y cuya función sería subsanar la negativa de algún ente de la administración pública hacia un recurso de acceso a la información pública que introduzca la ciudadanía.

“El periodista es el medio a través del cual el ciudadano va a obtener la información disponible”, dijo Martucci.

En el continente americano 17 países han aprobado leyes de acceso a la información pública. Incluyendo a Ecuador y Nicaragua, dos países de los cinco que conforman la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA).

En el índice de percepción de corrupción en el sector público, levantado cada año por Transparencia Internacional, Venezuela salió evaluada en la posición 172 de 183 países, lo que la ubica como el país más corrupto de Latinoamérica y el 12 en todo el mundo.

En su visita a Ciudad Guayana, la representante de Transparencia Venezuela y coordinadora de la Coalición Pro-Acceso, Daniela Martucci presentó el servicio de recepción y asesoría a ciudadanos víctimas o testigos de corrupción en el sector público.

El nombre oficial de la oficina es Asistencia Legal Anticorrupción y ofrece asesoría legal y protección a la confidencialidad a personas que quieran denunciar desde el caso de corrupción más simple, como un policía de tránsito haciéndose de un soborno para no imponer una multa, a casos más complejos, tales como irregularidades en contrataciones públicas.

Para captar denuncias, la iniciativa, que se financia de aportes de la Unión Europea, dispone de varias vías. En las redes sociales tienen la cuenta @NoMasGuiso, en Twitter, y ALACVenezuela en Facebook. Los teléfonos son: 0212, 0412 y 0414 3122629. También puede ser contactada a través del correo electrónico info@alacvenezuela.org y la página web http://www.alacvenezuela.org.

Enlace original aquí.

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Publicado por

Xavier

Politólogo (UCV y UAB). Magíster en Estudios Latinoamericanos (USAL). Director de la ONG Entorno Parlamentario (@eparlamentario). Miembro del equipo directivo de @EducaMiranda

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