En 2007 el TSJ dijo que solo la AN podía reformar el COPP

Juan Francisco Alonso. El Universal.

“La Constitución prevé la posibilidad de que el Presidente habilitado pueda legislar, dictar decretos en materias urgentes”. Con estas palabras la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), magistrada Luisa Estella Morales, bendijo, el pasado 15 de junio, que el Código Orgánico Procesal Penal (COPP) fuese reformado por el presidente Hugo Chávez mediante la Ley Habilitante que la anterior Asamblea Nacional le otorgó.

“En relación a la parte formal, la Sala Constitucional, que de acuerdo con la Carta Magna es la máxima intérprete y tiene sobre sus hombros la responsabilidad de la protección constitucional, ha considerado que el decreto que reforma el COPP no solamente tiene carácter orgánico sino que es absolutamente adecuado a derecho en materia constitucional”, agregó en esa misma ocasión la cabeza del máximo juzgado.

Sin embargo, un lustro antes Morales, junto a sus seis colegas de la Sala Constitucional, emitió un pronunciamiento radicalmente opuesto.

“El artículo 156.32 de la Constitución establece que es competencia del Poder Público Nacional, la legislación en materia de procedimientos (…) Ahora bien, tal principio abarca esencialmente a dos campos, en primer lugar, a los procedimientos judiciales, y en segundo lugar, a los procedimientos administrativos”, señaló en la sentencia 1.744 del 9 de agosto de 2007 de la Sala Constitucional, en la cual estableció: “En cuanto a los procedimientos judiciales, debe esta Sala precisar que la regulación de éstos sólo puede ser llevada a cabo mediante leyes dictadas por la Asamblea Nacional, es decir, por leyes formales, tal como las define el artículo 202 del Texto Constitucional. El fundamento de ello se encuentra no sólo en el artículo 156.32 antes mencionado, sino también en el propio artículo 253 eiusdem. Esto cobra especial relevancia en el ámbito jurídico-penal, en el cual opera la garantía jurisdiccional del principio de legalidad penal, según el cual, no se puede imponer una pena o medida de seguridad, en tanto son consecuencias jurídicas del delito o falta, sino en virtud de una sentencia firme dictada en un proceso penal desarrollado conforme a la ley procesal -nacional- ante el órgano jurisdiccional competente”.

El dictamen fue esgrimido por el abogado José Luis Tamayo y por su compañera de la organización Justicia y Proceso Venezuela, Theresly Malavé, para demandar del máximo juzgado que deje sin efecto la modificación a la ley que regula los pasos a seguir en las investigaciones criminales y en los juicios penales.

“La Sala ya dejó en claro que el COPP es un asunto de la reserva legal y que los cambios a esta norma deben ser decididos por el Parlamento, por ende, debería anularlo de acuerdo con este criterio”, afirmó el jurista, quien agregó: “Ciertamente la jurisprudencia no es estática y puede cambiar según las circunstancias y momentos históricos, pero el TSJ debe advertir, en sus sentencias, cuando ha cambiado de criterio y hasta ahora no lo ha hecho en este aspecto”.

Por último, Tamayo indicó que una manera para superar este obstáculo hubiera sido que el Parlamento le hubiera encomendado al Jefe del Estado la tarea específica de modificar el instrumento.

Enlace original aquí.

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Publicado por

Xavier

Politólogo (UCV y UAB). Magíster en Estudios Latinoamericanos (USAL). Director de la ONG Entorno Parlamentario (@eparlamentario). Miembro del equipo directivo de @EducaMiranda

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