Reforma laboral, socialismo y clima electoral. (II parte)

Por Alejandro Agudelo (@aagudelord) y Xavier Rodríguez Franco (@xfranco22)

Publicado en Parlamentoscopio (mayo)

En nuestra anterior entrega, examinamos todos aquellos aspectos de polémica constitucional que giran alrededor de esta reforma laboral, recientemente aprobada el pasado lunes 30 de abril y sobre la cual se pudo conocer en detalle una vez decretada. Ahora, una vez tenemos la ley publicada, decretada, admitida su constitucionalidad[1] y publicada en Gaceta Oficial[2], examinaremos sus puntos críticos a partir de lo que hemos definido como el abordaje estratégico de “triple acción” que el gobierno quiere imprimirle a la sociología del empleo en Venezuela, en su tránsito al modelo socialista en Venezuela.

La estrategia de la triple acción: ideología, doctrina y gobernabilidad.

El actual proceso legislativo laboral, tiene en su origen -además de un cuestionable asidero constitucional- un velo de intransparencia, que representa la principal antinomia con el espíritu reivindicativo que se ha pretendido desde su formulación a finales del año pasado. Sin embargo, como se ha anunciado, esta reforma se inscribe en las directrices de un Proyecto Simón Bolívar 2007-2013 en dónde se ubica al trabajo como piedra angular de un proceso de socialización política, que promueve un nuevo esquema de gobernabilidad, en el cual el Estado se convierte –ahora de derecho- en el primer agente empleador, fiscalizador y regulador de las relaciones laborales del país.

En este sentido, es fundamental comprender el contexto político-ideológico desde el que nace esta ley, haciendo énfasis sobre su doctrina jurídica, la cual sigue en buena medida a la filosofía hegeliana. Esta inspiración ideológica, destaca la importancia del derecho sobre la acción social, de modo que puedan perfilarse niveles de adecuación normativa sostenibles con el ejercicio del gobierno. Circunstancia medular dentro de las dificultades que ha tenido el llamado “socialismo científico” para instaurarse burocráticamente “desde el poder” a lo largo de la historia moderna.

Esta direccionalidad de la acción jurídica gubernamental, la hemos denominado estrategia de triple acción. Una expresión contemporánea de esta lógica dialéctica, que podríamos resumir con la frase “ideología, doctrina y gobernabilidad”. Frase desde la cual se procura que la ley abarque tres ámbitos socio-políticos de aplicación en el proceso social del trabajo: estabilidad laboral, gestión participativa y seguridad social laboral (tal como se señalan en el gráfico).

De tal modo, la LOTTT representaría la piedra angular de un nuevo “proceso social del trabajo”. Enmarcada en la lucha de clases por el control y gestión de los medios de producción. Siendo el trabajo el centro de la tensión de clases  y “el empleador el actor subordinado a la reivindicación proletaria”[3].

 Alguno de sus puntos críticos.

El principal punto crítico de la legislación laboral derogada de 1997 y la reforma actual de la LOT se refiere a todo lo relacionado al régimen de prestaciones sociales.  Esto debido que para el gobierno, resulta muy difícil asumir compromisos sostenibles por dos razones:

  1. A la fecha no se ha  logrado el pago a los empleados públicos las obligaciones  correspondientes al tránsito del sistema anterior al establecido en 1997 y se tiene una deuda importante al respecto (las cuáles se estiman en 19.000 millones de dólares[4]).
  2. Mientras exista una inflación incontenible cualquier método que se plantee para las prestaciones sociales de los trabajadores, no preservará el ahorro de quiénes cuentan con un empleo formal.

Es importante señalar sobre el particular, que sobre la retroactividad de las prestaciones, si bien es cierto que la Constitución plantea su consideración, no especifica  condiciones de cómo establecer una fórmula, esta reposa en su totalidad en la actual ley orgánica del 2012:

“a) El patrono o patrona depositará a cada trabajador o trabajadora por concepto de garantía de las prestaciones sociales el equivalente a quince días cada trimestre, calculado con base al último salario devengado. El derecho a este depósito se adquiere desde el momento de iniciar el trimestre.

b) Adicionalmente y después del primer año de servicio, el patrono o patrona depositara a cada trabajador o trabajadora dos días de salario, por cada año, acumulativos hasta treinta días de salario.”[5].

Dentro de estos puntos  sensibles a considerar destaca el relacionado con la reducción de la jornada laboral, de 44 horas del régimen anterior (1997) a 40 horas semanales del actual régimen (artículo 173). Lo cual no está exento de polémica, en vista que es una reducción horaria inconsulta con los empleadores del país en términos de su sostenibilidad productiva y financiera[6].

Un tercer punto es el referido a la tercerización. Si bien es cierto  que quienes critican la tercerización tienen razón cuando ésta se hace para eludir el cumplimiento de leyes laborales, el Estado no ha sido el mejor ejemplo con el manejo de los derechos laborales de los tercerizados. En el actual régimen no están permitidas, el patrono tienen 3 años contados desde el pasado martes 8 de mayo, para ajustarse a la supresión de esta modalidad. Tiempo en el cual estos trabajadores gozarán de inamovilidad. La pregunta sobre este aspecto particular quedaría planteada para la Administración Pública, la cual deberá ajustar masivamente sus esquemas presupuestarios y de planificación funcional para sostener la abolición de esta práctica tan extendida en los últimos quince años.

¿Estrategia electoral?

Es innegable la necesidad de un marco normativo laboral, que como hemos visto, ha tenido un sostenido diferimiento a lo largo de estos 13 años de un gobierno, paradójicamente auto-denominado “obrerista”. Sin embargo, las formas de construcción como nace la ley, el manejo comunicacional que le ha querido imprimir el gobierno y sobretodo el momento electoral en el que llega, hace suponer que esta ley, busca llenar un espacio vacío que no tiene la contienda electoral actual: la presencia del Presidente Chávez, en sus característicos recorridos de campaña.

La intención desde su anuncio (a mediados de noviembre del 2011) ha sido, utilizar todo el simbolismo del 01 de mayo y del decreto presidencial, para promulgar un mecanismo legal que afirme su condición de candidato-Presidente. Una ley a través de la cual, aspirar a recuperar cuotas de credibilidad perdidas, posicionándose en la polarización ideológica, el lugar en el que mejor se desempeña electoralmente. Apuesta legislativa que llega en un momento de importantes cuotas de endeudamiento público, que en el caso de suscitarse un cambio político, supondrán dificultades mayores para el ofrecimiento de nuevos empleos.

En suma, la evasión del debate parlamentario, la exclusión  deliberada de los empleadores de la discusión integral de la ley, la poca disposición a la publicación de los borradores y las selectivas consultas de propuestas para la construcción de la ley, hacen suponer una incertidumbre estratégicamente conveniente al gobierno a pesar de los costos, en términos de conflictividad que pueda suscitar nuevos incumplimientos.

De tal manera, hoy más que nunca, este nuevo esquema del empleo en Venezuela representa un  condicionamiento significativo a la productividad del país, y su consecuente dependencia al ritmo político del gobierno. Con lo cual el Estado, al poner el esquema tensional en la ecuación “trabajador frente al empleador”, se resguarda y apertrecha en el poder ante eventuales conflictos asociados al empleo, mientras acumula mayor poder al regular el llamado “proceso social del trabajo”. Todo hace suponer que la LOTTT llega con retraso para los trabajadores, a mala hora para los desempleados, pero con admirable puntualidad a la campaña por la tercera reelección presidencial.

Primera Parte.


NOTAS

[1] Véase la sentencia emitida el pasado viernes 04/05/2012 el Tribunal Supremo de Justicia en el siguiente enlace: http://goo.gl/0TQhG

[2] Gaceta Oficial número 6.076. Disponible en el enlace: http://entornoparlamentario.files.wordpress.com/2012/05/go-6076_extraordinaria.pdf

[3] Amengual Coll, Gabriel (1989) Estudio sobre la filosofía del derecho en Hegel. Centro de Estudios Constitucionales. Madrid.

[4] La cual pudiera llegar a la cifra de 66.000 millones de dólares, si evaluamos una inflación promedio de 25%, según un estudio publicado por Richard Obuchi (IESA) recientemente. Cfr. http://goo.gl/Jd2GW

[5] Artículo 142. Cfr. http://goo.gl/5cA2X

[6] Sector crucial en la economía, que según cifras del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) ha disminuido un 20% en un año. El Universal 18/03/2011. Cfr. http://goo.gl/jlFJZ

Anuncios

Publicado por

Xavier

Politólogo (UCV y UAB). Magíster en Estudios Latinoamericanos (USAL). Director de la ONG Entorno Parlamentario (@eparlamentario). Miembro del equipo directivo de @EducaMiranda

Y a ti qué te parece este artículo? déjame conocer tu opinión

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s