La comisión de contraloría ha resuelto el 40% de los 760 casos

Mariana Duque. El Diario de los Andes.

El diputado Norman Labrador insistió en que los ministros Tareck El Assami, Rafael Ramírez y Héctor Navarro, influyen en la presidencia de la Comisión de Contraloría para que las investigaciones de corrupción no avancen. De 760 casos que la Comisión de Contraloría lleva en su haber desde que se instaló la actual Asamblea Nacional en enero de 2011 hasta el inicio del actual receso parlamentario, sólo han resuelto un 40%, aunque la meta era que para el 15 de agosto de 2012 se tendría resuelto el 70%.

Así lo dio a conocer el diputado al Parlamento nacional por el estado Táchira e integrante de la Comisión de Contraloría, diputado Norman Labrador, quien acotó que la idea era que ese 70% fuera resuelto en su totalidad, que otros casos se remitieran a otra comisión si lo ameritaba; que se descartaran a los que no se encontraron suficientes elementos probatorios durante la investigación, o porque se dictaminó responsabilidad política.

“Pedro Carreño, el actual presidente de la Comisión de Contraloría, es la persona que representa la antítesis de lo que es ejercer ese cargo. Es la comisión que está encargada de controlar el gasto público y resulta que este señor con el mayor de los descaros en una plenaria de la Asamblea Nacional, reconoció que sí había ido a la Fórmula Uno con viáticos de la Asamblea. Eso lo denunció en su momento Abelardo Díaz. Imagínese que si un señor de este tipo es el que está presidiendo la Comisión de Contraloría, qué podemos esperar nosotros para que nos resuelvan los casos”, expresó.

Labrador destacó que aparte de la actitud del actual Presidente, los diputados que integran la comisión tienen la presión de tres ministros que buscan ocultar lo que sucede en manos de dirigentes del Psuv. Afirmó que esos ministros están encabezados por Tareck El Aissami, a quien considera “el principal encubridor de la corrupción que hay dentro de funcionarios del Partido Socialista Unido de Venezuela”; lo seguiría el ministro de Energía y Petróleo, Rafael Ramírez, y el ministro de Energía Eléctrica, Héctor Navarro.

Afirmó que El Aissami por ser ministro de Interior y Justicia, debería ser el encargado de impartir justicia en el país y el principal interesado en que las cosas se aclararan y se investigaran, pero en cambio es el primero en obstruir la justicia y “solapar la corrupción”.

“En el último caso en el que uno de sus dirigentes del Psuv que era el jefe de la Zona Educativa, denunció presiones por parte de unos parlamentarios porque no salían favorecidos con toda la matraca que tenían, la reacción del Ministro fue no investiguemos, sino que destituyamos al funcionario, suplantémoslo con otro funcionario”, dijo.

El diputado de Proyecto Venezuela manifestó que hay casos a los cuales se les ha dado celeridad con la intención de llenar una matriz de opinión, porque supuestamente los diputados de la tolda roja tienen una directriz desde Miraflores, que es la de tratar de involucrar a gobernadores de oposición en presuntos delitos para lograr un impacto mediático y aminorar las tendencias en los estados donde la oposición es fuerte.

Pero acotó que otros casos como el de la Zona Educativa Táchira, que tenía suficientes pruebas para ser analizado, investigado y sancionado, ha sido detenido por los parlamentarios y hasta intentado ser cerrado por intereses políticos. “Eso sucedió en el caso de Otto Lenín Parada, porque es un caso donde estaban involucrados dos ministros. Un ministro que es actualmente el de Energía Eléctrica, Héctor Navarro, quien era ministro de Educación cuando ocurrió lo que ocurrió en el caso de Otto Lenín, y peor aún, fue presidente de la Comisión de Contraloría cuando yo realicé la denuncia en marzo de 2011; y el ministro de Energía y Petróleo, por ser ahora el jefe de Parada en Pdvsa Gas”.

Norman Labrador indicó que a esto se le suma el hecho de que la que era secretaria de la Comisión de Contraloría para ese entonces, Norma Bello, era la jefe de Recursos Humanos para el momento en que ocurrieron la anomalías en la ZET, como aumentos en años de servicio, funcionarios que cambiaron códigos, cobraban bonos especiales de alto rango sin tener los méritos ni el tiempo suficiente de servicio para hacerlo.

“Obviamente es muy difícil para nosotros los parlamentarios llevar adelante una investigación y que se tome una decisión dentro de la Comisión de Contraloría de establecer responsabilidad política, cuando este señor se encuentra apadrinado por dos ministros. Uno porque está involucrado directamente porque era ministro de Educación para el momento y el otro porque es el jefe de él actualmente. Aunado a eso, tenemos a un señor como Tareck El Aissami que es el que está encubriendo todos los casos de corrupción”, expresó.

Resaltó que el caso intentó ser cerrado en la subcomisión número 1, pero no pudieron porque los votos no dieron a favor del cierre; sin embargo comentó que sigue oculto.

“No han podido cerrarlo porque en diciembre de 2011 llegó un informe de auditoría de la Contraloría General de la República, donde establecían responsabilidades al Ministerio de Educación porque no llevaba los controles adecuados en esa materia, y que incluso habían incurrido en el error de que estos funcionarios no habían presentado la declaración jurada y que había un daño patrimonial por pagos que se habían hecho a funcionarios que ya habían perdido su condición de activos en el Ministerio por 195 mil bolívares fuertes”, dijo.

En campaña

Norman Labrador explicó que otro de los elementos que influyó en que no se terminaran de revisar los casos, fue que diputados pertenecientes a la Comisión de Contraloría se fueron para las zonas en las que los asignaron como jefes de campaña regionales del Psuv, dejando abandonada la situación de la Asamblea Nacional.

Enlace original aquí.

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Publicado por

Xavier

Politólogo (UCV y UAB). Magíster en Estudios Latinoamericanos (USAL). Director de la ONG Entorno Parlamentario (@eparlamentario). Miembro del equipo directivo de @EducaMiranda

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