Ley contra los monopolios y las elecciones

Rafael González*. Analítica. La fracción oficialista de la Asamblea Nacional posee “engatillado” un proyecto de Ley contra los Monopolios que constituiría, de ser aprobado, una flagrante violación de los derechos, libertades y el modelo económico consagrado en la Constitución Nacional.

El proyecto de Ley contra los Monopolios y otras Prácticas de Similar Naturaleza constituye un buen ejemplo de lo que le esperaría al país, particularmente a la economía, de salir victorioso Hugo Chávez en las elecciones del 7 de octubre de 2012.

La fracción oficialista de la Asamblea Nacional posee “engatillado” un proyecto de Ley contra los Monopolios que constituiría, de ser aprobado, una flagrante violación de los derechos, libertades y el modelo económico consagrado en la Constitución Nacional, a la par que violaría todos los preceptos más elementales de lo que realmente constituye una política y regulación de competencia en favor del interés público.

Si bien la dinámica política, la proximidad del evento electoral, la campaña política que ocupa a los parlamentarios –que de paso no legislan ni controlan mucho, especialmente con las recurrentes habilitantes otorgadas el presidente de la República- y el inicio de las vacaciones parlamentarias, parece haber enfriado el proyecto de Ley; añadiríamos que una discusión pública del mismo, obligaría a destapar su talante [filo-comunista] y violatorio de la Constitución y de la correcta naturaleza regulatoria de la competencia de este proyecto de Ley alineado con el Plan Socialista 2013-2019.

Lo anterior no lo basamos en especulaciones, sino que de salir victorioso Hugo Chávez, se aprobaría expeditamente tal proyecto de Ley y su administración sería aberrante y lesiva para la sociedad venezolana; lo que se desprende no solo de la redacción del proyecto, sino igualmente de las declaraciones de los diputados oficialistas que la promueven.

La revista Dinero correspondiente a julio-agosto de 2012 publica un artículo referido al proyecto de Ley contra los Monopolios, donde se recoge las declaraciones del diputado oficialista de la Subcomisión de Industria, Comercio de la Asamblea Nacional, quien ha estado “promocionando” el proyecto.

En las declaraciones del diputado oficialista cuando asevera que el proyecto está dirigido a luchar contra la competencia desleal privada para impedir el desarrollo de otros agentes económicos, deja ver que la intención no es proteger a la competencia, a los consumidores y sus preferencias, sino que sería administrada como un arma administrativa para atacar a los productores, proveedores y oferentes privados.

Cuando el diputado pretende querer hacer ver que el objetivo de la Ley no sería ir contra las empresas, menciona el artículo 39 referido a los Tipos de Medidas Administrativas, en particular su ordinal a), el cual reza:

Fijar un plazo perentorio para que cesen las prácticas o conductas prohibidas, pudiendo someter al sujeto respectivo un régimen de vigilancia permanente en la sede de su establecimiento o domicilio.”

Sin embargo, tal numeral constituiría una tremenda aberración, primero, porque la regulación de competencia tutela el interés público, por lo que sus investigaciones y eventuales procedimientos administrativos deben llegar hasta sus últimas consecuencias, especialmente si se ha perfeccionado una conducta restrictiva de la libre competencia. Segundo, porque como política administrativa las acciones definitivas de sanciones en el caso de despliegue de una práctica o conducta prohibida, debe constituir una amenaza creíble como disuasivo futuro en contra del despliegue de las conductas prohibidas. Tercero, porque nuestro sistema legal no proviene del common law, sino del [derecho] europeo continental.

Por otra parte, intentando defender la redacción del proyecto de Ley, el diputado oficialista aseguraría que la ley iría más allá de la simple garantía de la competencia, sino que debe estar alineada con lo que el oficialismo entiende son las formas organizacionales y estructuras de mercado que se alinean con su proyecto económico. Lo anterior resulta gravísimo porque constituye una confesión de declaratoria de muerte y abolición de las libertades y derechos económicos y particularmente de los derechos de propiedad. La política y regulación de competencia debe responder a su naturaleza regulatoria particular, la cual tutela a la eficiencia económica a través del resguardo y fomento de la competencia en los mercados. Introducir objetivos diferentes crea conflictos de naturalezas regualtorias distintas, confusión en su interpretación y administración, falta de predictibilidad de la misma, fuente de discriminación y discrecionalidad y por tanto vulneración de su institucionalidad y del debido proceso en resguardo del interés público.

El diputado oficialista manifiesta su desconocimiento en materia de regulación de competencia y su deliberada mala intención contra la actividad económica privada, cuando asegura que la sana competencia debe darse exclusivamente entre las empresas privadas. La aseveración anterior no deje de desdeñar la materia de interés público que tutela la regulación de competencia. Es así como en el caso de que las actuaciones públicas del Estado o de las empresas públicas lesionen a la competencia, a los consumidores y a la eficiencia en los mercados, la población no contará con el instrumento encargado de brindarle las herramientas para exigir la restitución de la situación de eficiencia o restitución de la lealtad de la competencia.

En su intento por justificar lo injustificable como sería excluir a las empresas del Estado o públicas como sujeto de aplicación de la ley, el diputado y el oficialismo, asoman un enorme desconocimiento en materia de regulación de competencia y regulación económica. En específico, el diputado en un intento por querer justificar la redacción del proyecto de Ley, hace público lo que para él constituiría un ejemplo de la “bondad” de la acción pública en la provisión de bienes privados de consumo privado –lo que por cierto no constituye una acción propia del Estado, ni pondera las fallas de Gobierno- y por qué, según él, no debería ser sujeto de aplicación: “los servicios que el capital independiente no presta a determinados segmentos de la población porque no le son rentables, tales como la distribución de gas doméstico y las telecomunicaciones, en cambio al Estado sí le interesa porque va en beneficio de las comunidades”. La aseveración anterior resulta falsa y errónea. Así las cosas, debe dejarse claro que un Gobierno responsable debe primero, identificar y corregir las causas que limitan el acceso a un bien o servicio, que por ser considero público –telecomunicaciones, electricidad, gas, etc.- no deja de ser un servicio o producto de consumo privado, no un bien público; y segundo, podría diseñar esquemas de competencia por el mercado, por medio del cual se empaqueten mercados atractivos y menos atractivos en la renovación o subasta de licencias a los operadores privados –garantizando así la provisión en los mejores términos de aquellos segmentos o servicios que eventualmente podrían ser menos atractivos-.

En el desarrollo de estos dos ámbitos, el Estado debe considerar, que la precariedad de los ingresos y el desempleo, no constituye un problema achacable al oferente y a su estructura de costos –incluso a sus márgenes cuando nos encontramos ante un sector oligopólico natural-. Pretender normar sobre los efectos y no diseñar políticas públicas sobre las causas –pobre crecimiento económico; pérdida y destrucción de la productividad nacional; pobre inserción laboral; alto desempleo; alta precariedad de los empleos; falta de formación y capacitación de la mano de obra; ausencia de inversión nacional y extranjera; pérdida de incentivos y respeto a la propiedad, inhibiendo transferencia de conocimiento, tecnología y patentes; inflación, etc.-, no hacen sino profundizar los problemas de falta de oferta y actividad económica; reduciendo la posibilidad de acceso a los bienes y servicios. Producto de las acciones regulatorias de la gestión Chávez, termina existiendo un pobre incentivo a la oferta, que ante una demanda discontinua, los consumidores de alta disponibilidad de pago tienen todas las de ganar en el acceso a bienes y servicios (las regulaciones del tipo controles de precio, provisión pública exacerban la lesión a la eficiencia económica y al buen uso de los recursos públicos).

El diputado oficialista igualmente habría señalado que “el Estado no puede estar sujeto a una competitividad”. Justamente uno de los dramas que ha vivido Venezuela y parte de la explicación del pésimo uso de los recursos públicos y de la trampa del rentismo, se debe a haber renunciado a medios como la competencia, la eficiencia y la competitividad que garantizarían mayores beneficios a los consumidores y a los nacionales –por su puesto lo anterior implicaría menores rentas económicas y políticas para aquellos que detentan y administran el poder actualmente-.

Finalmente, el artículo de la revista Dinero termina comentando los artículos 41 y 72 del proyecto de Ley, que en el caso del primero confirma la visión prejuiciada y destructiva en contra de los agentes económicos privados –de espalda al consumidor final- y en el caso del segundo, se confirma el desconocimiento del oficialismo respecto a lo que significa y debe ser una política y regulación de competencia. El artículo 41 contempla procedimientos de expropiación, lo que podría resultar abiertamente desproporcionado como sanción, confiscatorio y atentaría contra la oferta de bienes y servicios. Por su parte, el artículo 72 que establecería que la Ley no se aplicaría sobre aquellos económicos que no sean capaces de afectar al mercado, resulta innecesario, porque justamente por la naturaleza regulatoria y el objetivo de la regulación de competencia, esta institucionalidad regulatoria debe atender a casos donde el interés público podría ser lesionado. Sin embargo, establecer explícitamente esta disposición podría permitir discrecionalidad, así como una administración discriminatoria de la Ley, cuando pudiera existir un caso de abuso colectivo o la relatividad sobre el poder de mercado debe ser muy bien determinada, caso por caso.

Enlace original aquí.

*Economista. Master en regulación de mercado y competencia y organización industrial. Especialización en Economía de los Sectores Telecomunicaciones, Energía, Farmacéutico, Transporte, Agua y Banca. Programa Avanzado en Política de Competencia. Profesor universitario de Regulación de Competencia y Regulación Económica. enriquergp@yahoo.es

Anuncios

Publicado por

Xavier

Politólogo (UCV y UAB). Magíster en Estudios Latinoamericanos (USAL). Director de la ONG Entorno Parlamentario (@eparlamentario). Miembro del equipo directivo de @EducaMiranda

Y a ti qué te parece este artículo? déjame conocer tu opinión

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s