La LOTTT: parte de la estrategia socialista

Por Jemirson Ramírez *. Publicado en el Parlamentoscopio. El gobierno nacional a partir del año 2006 no ha ocultado la intención de transformar el modo de producción capitalista de Venezuela. Para ello, distintos han sido los esfuerzos políticos y jurídicos que ha emprendido desde entonces hasta la fecha. El presente artículo tendrá como finalidad analizar La Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y Trabajadoras (LOTTT) desde la perspectiva de esta estrategia de construcción de un sistema productivo distinto al imperante.

Para dar inicio a esta aproximación, es necesario entender la lógica política de los actores que participaron en la redacción del instrumento legal antes mencionado. De acuerdo a la teoría marxista, la relación de trabajo en el modo de producción capitalista tiene lugar a través de una relación de explotación, en la que el dueño del medio de producción enajena el trabajo de otro. Las leyes, para los partidarios de esta forma de pensamiento, forman parte de un conjunto de mecanismos que reproducen las formas de producción [1]. Por está razón, se  hace muy importante para el gobierno generar nuevas leyes que transformen o den inicio a la transformación del sistema productivo, y por eso toda ley aprobada, debe ser analizada desde una perspectiva integral. Desde esta perspectiva, la LOTTT no es una simple reforma de ley. Se trata de un instrumento jurídico “socialista”, que recoge el espíritu de sus redactores: técnicos, académicos, diputados, líderes de partidos políticos y sindicatos que tienen una clara ideología: la marxista. En este sentido, el texto lejos de ser un simple elemento regulador de la sociedad, es un instrumento político que forma parte de una estrategia de transformación que tiene como objeto inducir el cambio gradual en el esquema socio-productivo imperante, a través del establecimiento de restricciones económicas ante el aumento de las obligaciones implícitas en esta ley.

¿A qué sector va dirigida la LOTTT?

Ahora bien, la carga de obligaciones laborales que se derivan de la relación del trabajo parece ser más llevadera  para las grandes empresas y el Estado, debido a que el impacto económico que tienen éstas en sus balances sólo parece ser soportado, de acuerdo a los expertos en la materia, por los grandes capitales que se encuentran bajo la jurisdicción venezolana. Ahora bien, si esto es así ¿por qué generar, a partir de la ley, un esquema que sólo puede ser soportado por los grandes capitales y el Estado? ¿Cuál es el objetivo que se persigue con esto? Responder a estás preguntas no es tarea fácil, por lo que intentaré en este artículo esbozar una opinión preliminar sobre el asunto.

El interés del gobierno pareciera ser restringir este esquema de contratación por cuenta de terceros, para de este modo potenciar nuevas formas de contratación que se  correspondan con nuevas formas de propiedad

Desde una perspectiva marxista, no se puede entender la forma de contratación disociada de las formas de producción y de propiedad. En tal sentido, las formas de contratación responden a las lógicas de producción, de ahí, que en un modelo de producción en el que se le asigna valor a los productos, y no al trabajo, el contrato de trabajo que rige la mayoría de las relaciones laborales concibe a éstas como aquellas en las que una persona trabaja por cuenta de terceros. Es de esta forma de concebir el trabajo de la que se deriva la mayoría de las obligaciones que incrementan las estructuras de costos de las organizaciones según la nueva ley.

La restricción busca consigo minimizar la reproducción en la práctica de estás lógicas, haciendo difícil para las pequeñas empresas y nuevos emprendimientos replicar el modo de producción que es contraría a la ideología del gobierno, para de este modo obligar voltear la mirada para observar distintas formas de agrupación, de contratación e inclusive de propiedad.

Tal y como están las cosas parece que en este punto de transición de modelos los más afectados, sin duda, serán las pequeñas empresas ya que están obligadas a adaptarse para  sobrevivir en un contexto hostil.

 Deben entonces resolver si transformar la forma de producción y la forma en la que se vinculan con los trabajadores, o aceptar las obligaciones legales establecidas en el nuevo marco regulatorio aun cuando esto ponga en juego la supervivencia en términos de negocio. De acuerdo con los expertos en finanzas empresariales y microeconomía que han hecho públicas sus opiniones sobre el tema, optar por asumir la totalidad de las obligaciones por parte de las pequeñas empresas parece ser imposible (a priori), ya que muchas de ellas no tienen los volúmenes de capital que se necesitan para sostener relaciones de producción de este tipo. Lamentablemente, el momento histórico exige que los decisores de las pequeñas empresas se planteen la siguiente disyuntiva: “contratar, o no contratar” y como si fuera parte de la obra de Shakespeare, esa es el la cuestión que deben resolver las pequeñas empresas en la Venezuela de hoy. Están conminados a decidir entre sufrir la fortuna que le designa la Ley, o afrontarla transformando su modelo contra un mar de desdichas para no desaparecer.

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Notas:

* Politólogo. Coordinador de Proyectos Entorno Parlamentario.

[1] Véase Karl Marx y Frederich Engels (1846) La ideología alemana (1846). Así como también Louis Althusser (1970).

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Publicado por

Xavier

Politólogo (UCV y UAB). Magíster en Estudios Latinoamericanos (USAL). Director de la ONG Entorno Parlamentario (@eparlamentario). Miembro del equipo directivo de @EducaMiranda

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