Moratoria y pretorianismo legislativo para la frontera

Publicado en Ventana Parlamentaria (audio)

frontera VEN COL
Imagen de archivo

Por Xavier Rodríguez Franco (*). Publicado en Guayoyo en Letras.

Venezuela es hasta la fecha, el único país de la América del Sur desprovisto de un instrumento legal de carácter orgánico que regule la actividad socio-económica de su frontera. Situación saliente si consideramos que posee con Colombia, la segunda frontera más dinámica del hemisferio, después de la frontera de México con los Estados Unidos de América. Lo cual representa además, una violación de lo que la Constitución de 1999 impone en su artículo 15[1], así como el carácter de prioritario que tiene la frontera en cuanto a la defensa de la nación prevista en el artículo 327[2]. Situación ya denunciada recientemente por organizaciones civiles como Control Ciudadano

Breves antecedentes.

La Asamblea Nacional recibió el Proyecto de Ley Orgánica de Fronteras (LOF) el 08 de julio de 2003, siendo aprobado en primera discusión poco más de un año después (27/07/2004) y manejado su proceso legislativo por la Comisión de Política Exterior [3]. Desde entonces han sido reiterados los diferimientos [4], cambios y un desconocimiento generalizado sobre su futuro legislativo. Con el comienzo de la actual legislatura (2011-2016) el Proyecto de la LOF vuelve a ser retomado por la Comisión ahora denominada de Política Exterior, Soberanía e Integración, bajo la dirección del fallecido diputado Carlos Escarrá, quien planteaba en su momento la necesidad de retomar este proceso legislativo en el marco de un “relanzamiento de unas relaciones armoniosas con Colombia”. Sin embargo, poco tiempo después la LOF vuelve a ser diferida por dos años más, sin mayores explicaciones.

En el primer período legislativo del 2013, el proyecto aparece nuevamente dentro  de las prioridades legislativas, siendo inclusive planteadas como “claves” por el Presidente Nicolás Maduro, quien desde su posición como Canciller consideraría al instrumento legal como una herramienta diplomática propicia, para que las relaciones de Venezuela con los países fronterizos, especialmente con Colombia, se mantuvieran al menos en un tenor más estable de lo que se ha tenido a la fecha.

Sin embargo, el Proyecto de Ley desde mediados del año 2012, fue acogido por la Comisión de Defensa y Seguridad y por el grupo de diputados más cercanos al Presidente de la Asamblea Nacional diputado Diosdado Cabello. Lo cual a tenor de recientes declaraciones del diputado (y también militar retirado) William Fariñas Presidente de la Comisión de Defensa y Seguridad, deja ver la disolución del carácter diplomático que tenía la LOF, y el fortalecimiento de una tendencia más militar de “defensa de la patria” y especialmente reactiva con la dinámica socio-comercial con Colombia. Siendo vista la “hermana República” más como protagonista de una hipótesis de conflicto, que como un socio comercial necesario en la hora aciaga que atraviesa la productividad nacional. A la fecha se desconocen los nuevos informes que discute la Comisión sobre la LOF, lo cual acentúa el clima de especulación e incertidumbre sobre este ámbito tan socialmente sensible.

A quiénes afecta la LOF?

Es necesario hacer notar que el rango de aplicación de esta ley va dirigido al 70% del territorio venezolano, al 36% de la población y político-administrativamente a 10 Gobernaciones y poco más de un centenar de alcaldías. De modo que su relevancia no admite discusiones y más aún el cabal conocimiento de este instrumento legal, sus implicaciones y su importancia para la vida económica, social y política de Venezuela y sus vecinos fronterizos para los próximos años.

Por los momentos sólo tenemos de forma declarativa la confirmación de que la segunda discusión de la LOF está prevista para este segundo período de sesiones del 2013 que ya comenzó el pasado martes 17 de septiembre.

Esperamos que el proceso legislativo de este instrumento legal tan importante sea plural e incluya principalmente las inquietudes de todos los sectores sociales y agentes económicos que viven en estos territorios, y que no sea la pertinaz mentalidad conspirativa la que se imponga sobre las necesidades de los ciudadanos una vez más.

(*)Politólogo y Director de Entorno Parlamentario

Notas


[1] “El Estado tiene la responsabilidad de establecer una política integral en los espacios fronterizos terrestres, insulares y marítimos, preservando la integridad territorial, la soberanía, la seguridad, la defensa, la identidad nacional, la diversidad y el ambiente, de acuerdo con el desarrollo cultural, económico, social y la integración. Atendiendo la naturaleza propia de cada región fronteriza a través de asignaciones económicas especiales, una Ley Orgánica de Fronteras determinará las obligaciones y objetivos de esta responsabilidad

[2] “La atención de las fronteras es prioritaria en el cumplimiento y aplicación de los principios de seguridad de la Nación. A tal efecto, se establece una franja de seguridad de fronteras cuya amplitud, regímenes especiales en lo económico y social, poblamiento y utilización serán regulados por la ley, protegiendo de manera expresa los parques nacionales, el hábitat de los pueblos indígenas allí asentados y demás áreas bajo régimen de administración especial.”

[3] Consulte aquí el informe y proyecto original aprobado desde el 2004 en el siguiente enlace: http://www.resdal.org/parlamento-y-defensa/venezuela-ley-frontera.pdf

[4] El cual se extiende por 11 años, dado que las disposiciones transitorias de la Constitución del 1999, imponían un plazo no mayor de 2 años para ser promulgada esta Ley Orgánica posteriormente a la entrada en vigencia de la Constitución.

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Publicado por

Xavier

Politólogo (UCV y UAB). Magíster en Estudios Latinoamericanos (USAL). Director de la ONG Entorno Parlamentario (@eparlamentario). Miembro del equipo directivo de @EducaMiranda

2 comentarios sobre “Moratoria y pretorianismo legislativo para la frontera”

  1. Como una primera aproximación al tema, tengo entendido que ante la mora legislativa, en perjuicio de los lineamientos o mandatos constitucionales, existe una acción de orden jurisdiccional, acción que ya ha sido intentada.
    Sin pretender minimizar o polemizar sobre el tema, de la lectura de los artículos señalados, no puede existir duda alguna sobre la complejidad del tema, básicamente en lo que corresponde a la armonización jerárquica de la multiplicidad de bienes a proteger, bienes que pueden resultar y que de hecho resultan incompatibles, por ejemplo una preferencia de protección prioritaria de la identidad nacional en concordancia con la seguridad y defensa, iría en detrimento de la integración y/o desarrollo económico; aparte de esto si se toma en consideración el mandato constitucional de que la ley debe Atender la naturaleza propia de cada región fronteriza, pareciera ser que la ley especial, no solo debiera ser lo más general posible en una especie de disposiciones comunes, para desarrollar de seguido las disposiciones particulares a cada sector fronterizo; también pudiera ser una ley general y luego desarrollarla mediante reglamento para sector. Es decir en la formación de esta ley entran en juego distintos intereses de grupos.

  2. Gracias por la lectura y por el comentario Fernando.
    Efectivamente, es una materia lo suficientemente compleja que requiere por lo menos un debate mucho más amplio de lo que lamentablemente tenemos a la fecha. Ciertamente el carácter orgánico aduce a la necesidad de aspectos generales que resguarden los intereses nacionales, sin lesionar los intereses de la integración.
    Ahora, mantener la opacidad en este complejo proceso legislativo, retrasar aún más su aprobación y no conocerse a qué sectores se les consulta al respecto, es un conjunto de circunstancias que no auguran un instrumento legislativo acorde a la dinámica socio-económica real de la zona, con toda su complejidad, sus amenazas peros también sus potencialidades.
    Saludos Fernando

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