Venezuela, el choque de poderes es inminente.

Ramos-RodriguezPor Odell López.

Publicado en BEZ (España).

Desde que la oposición venezolana obtuvo mayoría en el Parlamento, el pasado 6 de diciembre, la crispación ha ido en aumento. Al chavismo le cuesta admitir que por primera vez en 17 años no tiene el control de la Asamblea Nacional y para ello la confrontación ha sido el arma para batallar frente a sus enemigos.

Y es que en Venezuela esa enemistad se cuela por los pisos de mármol del  Congreso para trasladarse hacia otros sectores e inundar todos los ámbitos políticos. Así es como, pese al proceso electoral que se realizó hace más de un mes, la conflictividad en el país no parece disiparse, por el contrario, quiere instalarse con todo y maletas durante este año.

El hombre más poderoso del chavismo es Diosdado Cabello, presidente saliente de la Asamblea Nacional y quien fue el eterno número dos en una eventual sucesión presidencial. Desde el día posterior a las elecciones Cabello ya ha sentenciado un enfrentamiento que trasciende las corrientes políticas, ahora el asunto será de instituciones. Esto es en lo único que ha coincidido con su sucesor dentro del Parlamento, el opositor Henry Ramos Allup, quien también ha asomado la posibilidad de una lucha institucional.

“Es inminente un choque de poderes, porque el presidente Maduro no se va a dejar de la derecha”, fue una de las declaraciones de Cabello, mientras que Ramos Allup sostuvo que “habrá un choque de poderes si ellos (el chavismo) no respetan la voluntad popular”.

Con sendas declaraciones, en el primer mes de 2016 se abre el telón de una obra protagonizada por la rencilla y en la que el pueblo venezolano será el actor de reparto. De esta forma la válvula de escape electoral venezolana lejos de bajar la temperatura política, la elevó.

La guerra está declarada

112 versus 55. Ese fue el número mágico que puso al chavismo a correr, pues la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), como se denomina al grupo de partidos reunidos en la oposición, obtuvo 112 diputados frente a los 55 del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), lo que le confiere la mayoría calificada de dos tercios que le permite aprobar o modificar todo tipo de leyes. Tener un control casi total. Ante tal adversidad el oficialismo no se quedó de brazos cruzados y a horas de la Nochevieja, el 29 de diciembre, acudió al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para impugnar a cuatro diputados electos en el estado Amazonas (tres de la oposición y uno del oficialismo) por tener pruebas de presunta compra de votos. Prueba obtenidas a través de la intervención ilegal de una llamada telefónica.

Un día después el TSJ falló a favor del chavismo, tal como lo esperaba la oposición, pues parte de los magistrados que decidieron este recurso judicial, fueron designados en sus cargos por la mayoría de diputados que el chavismo tenía en diciembre. “Esos magistrados no representan la imparcialidad de un poder público, han sido militantes del Psuv y eso va contra la Constitución”, espetó días posteriores el segundo vicepresidente del Parlamento, Simón Calzadilla.

Con este argumento y además alegando que no se puede violentar la voluntad popular, la bancada de la Unidad juramentó el pasado 7 de enero, durante su segunda sesión legislativa, a sus tres parlamentarios para completar el número de la discordia. Con ello, el chavismo advirtió que el Legislativo se está instalando sobre bases ilegales y que todo acto o aprobación puede ser calificado como nulo.

Justo fue ese argumento el que valió para que el Poder Judicial emitiera una sentencia a la media tarde este 11 de enero, que sostiene que tanto la directiva de la AN, como los tres diputados de Amazonas han incurrido en desacato, por lo que se debe desincorporar a los legisladores. Lo contrario llevaría a que todas las leyes y acuerdos que realice el nuevo Parlamento se declaren nulas, según precisó el fallo judicial.

Ante esto, la presidencia parlamentaria en sus primeras palabras, ha ratificado que mantendrá a sus diputados en los escaños, aun corriendo el riesgo de que el poder público pase a ser un “jarrón chino”, es decir, una institución en la que no se legisle, no se apruebe ni se reforme nada, según la advertencia del TSJ. Un adorno.

Si el Poder Judicial declara omisión legislativa, como lo establece el artículo 336 de la Constitución, debe dictar directrices para que se restituya la actividad parlamentaria, pero jamás tomarse atribuciones de la Asamblea Nacional, tal como lo insinuó Cabello a la media hora de haberse publicado la sentencia.

En opinión del experto parlamentario Xavier Rodríguez Franco, la confrontación siempre ha revitalizado al chavismo y en esta oportunidad no es la excepción, pues el partido del fallecido presidente Hugo Chávez, requiere con urgencia estabilizar la conmoción que causó el revés electoral más grande que ha sufrido hasta ahora. Es también una necesidad de mantener el liderazgo en medio de una estocada que empeoró la popularidad del Gobierno que viene debilitado por una crisis económica que no ataca de frente.

Las disputas de esta nueva Asamblea Nacional también pasan por su sustentabilidad financiera. El Gobierno los ha amenazado de dejarlos sin presupuesto a raíz de la juramentación de los parlamentarios inmiscuidos en la querella judicial, mientras que la directiva opositora está dispuesta “hasta pedir prestado” para legislar como sea. “A la Asamblea no le va a llegar ni un céntimo a partir de este momento para su funcionamiento”, dijo Cabello que aunque no es vocero del Poder Ejecutivo y ni siquiera jefe de bancada parlamentaria del Psuv, representa los intereses de quienes se niegan al infortunio electoral.

 En consenso con Nicolás Maduro, Cabello también comentó, al retirarse de la sesión en la que juramentaron a los opositores, que el Gobierno evitará que las leyes que el Parlamento sean promulgadas, pues el Jefe de Estado no firmará ningún documento que venga de “esa Asamblea burguesa” como ahora le llama el chavismo al Legislativo.

El abogado constitucionalista José Vicente Haro, aclaró que de presentarse este escenario, el artículo 214 de la Constitución establece que la directiva del Parlamento tiene la facultad de promulgar leyes en Gaceta Oficial si el Ejecutivo se tarda más de 10 días en firmarlas. “Maduro también podría mandar cada ley a la Sala Constitucional del TSJ para su interpretación, pero esto daría un muy mal mensaje nacional e internacionalmente, pues estaría desconociendo todo el Poder Legislativo y con ello la voluntad de los electores”, dijo Haro.

Es más, una posibilidad clara es que la salida del Presidente no necesariamente implique la extinción automática del chavismo, sino su remozamiento, pues Maduro es más impopular que su propio Gobierno, explicó el especialista.

A diferencia de otros países, en Venezuela la realización de elecciones no genera el fin de la crisis política, social y económica. Para muestra el presente habla por sí solo, dice el politólogo quien explica que el país “vive del reacomodo político”.

Pero Maduro no es ingenuo ante su posible salida. Las paredes color crema del Palacio de Miraflores, la casa de Gobierno, han escuchado en más de una ocasión que “el pueblo saldría a defender a la revolución”. Durante la segunda semana de enero, el hijo político de Chávez encabezó un acto militar en el que advirtió que “la Fuerza Armada se está preparando para la paz, para estar en paz”. Ante esta afirmación las redes sociales se revolucionaron, uno de los mensajes que salió de Twitter decía: “Decir que la Fuerza Armada se está preparando para la paz, es como decir que usted está cocinando para que la comida quede cruda”.

La crisis avanza a tal punto que Tell Aveledo no descarta que las protestas ciudadanas de 2014, que dejaron 43 muertos, puedan reeditarse este año si el país continúa sin una verdadera válvula, más que de escape de soluciones.

La salida legal

La MUD lo tiene claro, para julio de este año pretenden sacar a Maduro de la presidencia de una forma constitucional y pacífica, pero esto es más difícil de lo que parece, según explicó el politólogo Guillermo Tell Aveledo, pues para ello se debe contar con la venia política de los poderes públicos que en este momento son controlados por el chavismo y además contar con un respaldo institucional como el de la Fuerza Armada.

Enlace original aquí.

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Publicado por

Xavier

Politólogo (UCV y UAB). Magíster en Estudios Latinoamericanos (USAL). Director de la ONG Entorno Parlamentario (@eparlamentario). Miembro del equipo directivo de @EducaMiranda

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