Maduro pretende disolver la Asamblea Nacional, dominada por la oposición

el tiempo de maduroPor Odell López. BEZ (10/04/2016)

La crisis política de Venezuela está en la cumbre. El choque de poderes llegó para quedarse (…) la guerra entre el Poder Legislativo y sus demás “hermanos” –Ejecutivo, Judicial, Electoral y Moral- recrudece a diario.

La última estocada la dio Nicolás Maduro, quien tiene pensado solicitar una enmienda constitucional para disolver la Asamblea Nacional, que en este momento es dominada por la oposición.

El punto de choque se ha centrado en el Parlamento, porque esta instancia era un punto de honor para ratificar al chavismo en tiempos de profunda crisis. En las elecciones del pasado 6 de diciembre Maduro perdió ese punto de honor, pues los venezolanos pidieron un cambio en el Congreso que llevaba casi 15 años dominado por el oficialismo.

Con la nueva conformación parlamentaria comenzaron los bloqueos. Desde el 5 de enero de 2016, cuando inició el nuevo año legislativo, la Asamblea Nacional no ha dejado de parlamentar. En forma paralela tanto el poder Ejecutivo aliado con el Judicial y más recientemente con el Electoral, han frenado todas las iniciativas y pretensiones legislativas de los nuevos diputados.

Primero fue la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que señaló que el presidente del Parlamento, Henry Ramos Allup, había incurrido en desacato tras juramentar a tres diputados de la Mesa de la Unidad Democrática (coalición de partidos opositores), cuyos cargos habían sido impugnados por el chavismo, al considerar que hubo fraude electoral por haber ganado las curules con un margen menor a 100 votos.

Alianza Ejecutivo-Judicial

El segundo zarpazo presidencial-judicial fueron dos prórrogas por 60 días del Decreto de Emergencia Económica, que faculta a Maduro para ejecutar medidas que, en un escenario común, solo puede tomar con la aprobación del Congreso. El Judicial inclusive ratificó la vigencia del Decreto, pese a que el Legislativo debatió y rechazó la extensión.

Ante la visión controladora de los nuevos 107 diputados de oposición frente a los 55 del chavismo, el Poder Judicial también resolvió limitar las funciones auditoras del Congreso. Por ejemplo no pueden investigar la designación de los magistrados del TSJ que en reiteradas oportunidades la oposición ha calificado de irregular. Tampoco pueden auditar a las Fuerzas Armadas, más que por el discurso del Jefe de Estado y menos pueden investigar a la Fiscalía. El régimen de comparecencia de los ministros en el Parlamento también fue alterado y se prevé que inclusive podrían responder sus informes anuales de gestión por escrito y no de forma presencial.

El tercer bloqueo fue el dictamen que calificó de inconstitucional la reforma de la Ley Orgánica del Banco Central de Venezuela (BCV), texto jurídico modificado en diciembre a las carreras por el Congreso chavista saliente y que la nueva mayoría dejó sin efecto tras sus respectivas discusiones. “Es ilógico que si nosotros llevamos esta ley al estatus en la que estuvo por años, el TSJ diga que ahorita si es inconstitucional, pero mientras estuvo el oficialismo aquí nunca se pronunció al respecto”, opinó el primer vicepresidente del Congreso, Enrique Márquez (…)

Como Maduro sabe que tiene al Poder Judicial de su parte, esta semana envió la Ley de Amnistía al TSJ para que dictamine su constitucionalidad. Si los magistrados siguen la misma línea política, probablemente esta ley tampoco será promulgada y así, el Presidente habría echado al cesto de la basura la segunda ley aprobada por el nuevo Congreso.

El Poder Electoral se suma

A esta guerrilla se le suma el Poder Electoral que la primera semana de abril envió un comunicado a la Asamblea Nacional, atribuyéndose exclusividad legislativa en la reforma y aprobación de la Ley Orgánica de Referendos, que tiene 17 años en mora. El Consejo Nacional Electoral (CNE) huele las intenciones opositoras de aprobar esta ley para lanzarle un referendo revocatorio a Nicolás Maduro.

El abogado constitucionalista, José Vicente Haro, explica (…) que no existe tal exclusividad, pues el órgano legislador por excelencia es el Parlamento. “El CNE puede normar los procesos electorales, establecer reglamentos e ir trabajando según los diputados vayan modificando la ley hasta su aprobación, pero jamás puede atribuirse la facultad de aprobarla, menos ésta que es orgánica”, dijo.

Recordó al artículo 136 de la Carta Magna habla sobre la separación de los poderes y su cooperación entre sí para realizar los fines del Estado. “Los fines del Estado están consagrados en el artículo 2: democracia, pluralismo, respeto a los derechos humanos, es decir, el bien común.

Te bloqueo, me bloqueas

La Carta Magna le da atribuciones a cualquier venezolano a solicitar una enmienda constitucional para recortar el período de cualquier poder público constituido, el detalle es que esta solicitud debe pasar por una elección popular.

La estrategia de la mayoría opositora de la Asamblea Nacional es hacer una doble enmienda.

“Si el CNE le aprueba la enmienda a Maduro para recortarnos el período pudiéramos, entonces, hacer un proceso electoral conjunto y todos nos sometemos a consideración. Habría mínimo dos preguntas: ‘¿Está usted de acuerdo con revocar del mandato de la Asamblea Nacional electa el 6 de diciembre de 2015?’ y además, ‘¿Está usted de acuerdo con revocar el mandato del presidente Nicolás Maduro electo el 13 de abril de 2013?’… No creo que Maduro esté dispuesto a ir a elecciones con esos números rojos de popularidad”, dijo Márquez.

Por su parte, Haro cree que esta propuesta es inconstitucional porque viola los principios de democracia y pluralismo político. Es antidemocrática porque en el Congreso se deben encontrar las diversas corrientes de pensamiento y tener función controladora. Es inviable porque toda enmienda debe ser aprobada por los venezolanos. “En las últimas elecciones –las legislativas- que ganó la oposición votaron 15 millones de personas, con la ínfima aceptación que tiene Maduro sería un tremendo error político. Sería una oportunidad para pasarle una factura severa al Gobierno”, agregó.

De aprobarse el revocatorio, el período del Congreso pasaría de cinco años a escasos siete meses y el de Maduro de seis años a tres años.

Paso atrás en el tiempo

El politólogo y experto en asuntos parlamentarios, Xavier Rodríguez Franco, recuerda que en 2009 la Asamblea Nacional dominada por el chavismo, reformó la Ley Orgánica de Procesos Electorales (Lopre), “esa es como la constitución del CNE”, además de haber legislado sobre el TSJ. Lo que demuestra esto es que en un contexto político distinto, el Poder Electoral nunca se impuso con una exclusividad legislativa. En aquella época también el Congreso reformó la distribución en las circunscripciones electorales de cara a las elecciones parlamentarias del año siguiente. Según la MUD este cambio desproporcionó los votos del proceso, porque la oposición obtuvo 52% en los escaños, pero menor cantidad de curules. Otro de los puntos modificados por la AN de ese momento fue la potestad dada al CNE de no publicar las fuentes de financiamiento de los partidos políticos, “En Venezuela nadie sabe cuánto gastan y de dónde proviene el dinero de las coaliciones”, dijo Rodríguez. El analista cree que cada vez es más difícil determinar cuál será el derrotero a mediano y largo plazo en este país, aunado a los grandes problemas sociales, el debate político está entrando en un plan “más ruin y confrontacional”, consideró.

Enlace original aquí.

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Publicado por

Xavier

Politólogo (UCV y UAB). Magíster en Estudios Latinoamericanos (USAL). Director de la ONG Entorno Parlamentario (@eparlamentario). Miembro del equipo directivo de @EducaMiranda

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